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La Procuraduría General citó a juicio disciplinario al suspendido gobernador de Córdoba, Edwin Besaile por su presunta participación y conocimiento en el escándalo de corrupción conocido como el 'cartel de la hemofilia'.
El Ministerio Público deberá determinar si el mandatario departamental incurrió en una presunta omisión en la vigilancia y control de las funciones de la Secretaría de Salud en la celebración de millonarios contratos.
Con esto se habría ordenado el pago de medicamentos suministrados en enero de 2015 a supuestos pacientes con hemofilia.
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El pliego de cargos indica que se habrían realizado pagos superiores a los 1.500 millones de pesos a favor de la IPS San José de La Sabana S.A.S., para la entrada de medicamentos que no estaban incluidos en el Plan Obligatorio de Salud a 14 pacientes que supuestamente padecían de dichas enfermedades,
Según el Ministerio Público, dichos pagos se efectuaron a pesar de las observaciones y advertencias de la Contraloría General, en las cuales al parecer se estaría incrementando injustificadamente el patrimonio de la IPS.
El informe de la Contraloría del 4 de mayo de 2016 señala, según la Procuraduría, que se evidenciaron deficiencias en la verificación de la prestación real del servicio de salud en el departamento.
El Ministerio Público también llamó a juicio disciplinario a los exsecretarios de Desarrollo de la Salud, José Jaime Pareja Alemán; de Hacienda, Boris Felipe Zapata Romero, y a la exdirectora Financiera con Funciones de Presupuesto, María Eugenia Ferreira Chaar, actual Secretaria de Hacienda.
Pareja Alemán es investigado por presuntamente ordenar el pago sin realizar los controles efectivos, pese a conocer el documento de la Contraloría que evidenciaba inconsistencias en los procedimientos, documentos y controles que, al parecer, no permitían tener certeza de la prestación del servicio en cuanto a los medicamentos suministrados, los pacientes atendidos y los exámenes realizados.
Para la Entidad, Ferreira Chaar y Zapata Romero presuntamente desconocieron sus deberes funcionales al expedir el registro presupuestal de compromisos y ordenar el pago a favor de la IPS, por un servicio supuestamente prestado en la vigencia 2015 con recursos de 2016, sin que la supuesta obligación estuviera registrada en cuentas por pagar, ni tuviera un rubro destinado para una vigencia expirada.
El pasado 27 de septiembre, en fallo de primera instancia, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos al gobernador de Córdoba Edwin Besaile por las irregularidades en la celebración de contratos para la atención a menores de edad en condición de discapacidad en el departamento.
En otra decisión de la Procuraduría, Besaile ya había sido destituido e inhabilitado por el término de 10 años por la celebración irregular de contratos para la atención a menores de edad en el departamento.
La Gobernación de Besaile habría ordenado el supuesto pago de terapias para 2.181 menores de edad entre diciembre de 2014 y agosto de 2015 por un valor cercano a los 4.900 millones de pesos.
Sin embargo, dichas terapias nunca se realizaron y los dineros del contrato fueron desviados para otros fines. Por estos mismos hechos de corrupción fue inhabilitado por 10 años el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus.
Hasta que el fallo no quede en firme Besaile continuará ejerciendo como gobernador.
