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Un nuevo enfrentamiento verbal se presentó entre el Distrito de Bogotá y las directivas de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), tras los disturbios registrados la semana pasada. Los hechos ocurrieron en la calle 76 con Avenida Caracas, donde estudiantes y encapuchados se enfrentaron a guardas "anticolados" en medio de una protesta por las tarifas del sistema.
La tensión escaló tras una llamada telefónica entre el rector de la institución, Helberth Choachí, y el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero. Durante la comunicación, el académico reclamó por la presunta violencia de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) contra los estudiantes.
Por su parte, el secretario Quintero desestimó las acusaciones de agresión y enfatizó que se trató de "una actuación de la institucionalidad frente a acciones violentas de unos pocos que terminaron afectando la tranquilidad de cerca de 100.000 ciudadanos".
Secretaría de Seguridad asegura que ataques fueron premeditados
El secretario de Seguridad, César Restrepo, respondió con dureza a los argumentos de la rectoría. Aseguró que el ataque al sistema de transporte no fue espontáneo, sino planeado dentro del campus por personas ajenas a la comunidad académica.
"Los actos de la calle 76 fueron premeditados y desarrollados en un salón de clases dentro de la Universidad Pedagógica por individuos que no son estudiantes; individuos que constriñen a los alumnos y a los vecinos", señaló Restrepo.
A renglón seguido, el secretario instó a no "enmascarar" acciones violentas que buscan generar inestabilidad en la ciudad. "Debemos analizar si queremos darle energía y combustible a algo que, en últimas, afecta a todos los bogotanos", añadió.
Antecedentes y debate sobre el sistema
Este panorama se suma a manifestaciones previas en la misma estación, originadas cuando una estudiante intentó ingresar sin pagar al sistema, lo que derivó en choques entre personal de seguridad y universitarios.
Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, crece el debate en la capital. Sectores ciudadanos cuestionan los daños a la infraestructura pública y las afectaciones a terceros, mientras que algunos grupos estudiantiles insisten en la urgencia de discutir una tarifa diferencial y mejores condiciones sociales para los universitarios.
