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La Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció el nombramiento de Hernán Sebastián Ulchurcomo representante legal de Fast Moda S.A.S., compañía que agrupa las marcas Lili Pink, Yoi y Lili Beauty en Colombia.
Este nombramiento se produjo tras la investigación de la Fiscalia que detectó que el conglomerado empresarial de la marca Lili Pink, presuntamente se valió de la fachada de una cadena de venta de ropa intíma femenina y permitió el ingreso de millonarios recursos de origen ilícito y de contrabando al país.
A través de un comunicado se señala que este nombramiento tiene como propósito garantizar la continuidad de la operación empresarial, mantener activos sus canales comerciales, proteger las marcas, honrar los compromisos vigentes y conservar la generación de empleo de manera paralela e independiente al proceso jurídico que actualmente enfrenta la organización.
¿Quién es Hernán Sebastián Ulchur?
Ulchur es abogado y Magíster en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia, ha desarrollado su trayectoria en sectores relacionados con la administración de activos, gestión empresarial y procesos estructurales, participando en entornos que demandan altos estándares de cumplimiento, control y supervisión.
En su perfil profesional se destaca que ha estado relacionado con la Cámara de Comercio Colombo Americana y la Cámara de Comercio Colombo China, lo que le ha permitido fortalecer su visión estratégica y su entendimiento de entornos corporativos y comerciales.
Además, ha participado en procesos orientados a la estabilización de operaciones, reorganización empresarial y fortalecimiento de estructuras de control.
En el reporte empresarial se señala que Fast Moda cuenta con 541 tiendas a nivel nacional,operando bajo distintos formatos que responden a las dinámicas del consumidor: 347 de sus tiendas son marca Lili Pink, especializadas en ropa interior, pijamas, vestidos de baño, ropa deportiva y productos de belleza.
¿Cómo operó el mega-lavado de activos de Lili Pink?
Los elementos de prueba recolectados por la Fiscalía permitieron evidenciar que la organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación.
Según los investigadores estas maniobras criminales estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal.
Leonardo Quevedo Castillo, director Especializado de la Fiscalía contra los Delitos Fiscales señaló que se logró documentar un lavado de activos en un monto superior a los 730.000 millones de pesos.
Además, se estableció un enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones.
Por estos graves hechos ya fue judicializado Walter Francisco Martínez Martínez, y los agentes de la Fiscalía avanzan en los operativos de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento contra otros de los implicados en este entramado de corrupción.
En desaroloo de este proceso se indaga la responsabilidad de los fundadores de la empresa Max Abadí y su hijo David Abadí, cuya familia tiene una amplia trayectoria en el sector textil colombiano.
Las tiendas Lili Pink y otros bienes embargados
Juan Felipe Cárdenas Restrepo, director Especializado de la Fiscalía de Extinción del Derecho de Dominio reportó que durante los operativos de los agentes del CTI hasta el momento han sido embargados un total de 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad.
Tras haber sido objeto de embargo estos bienes serán sometidos a evaluó comercial por parte de los peritos técnicos del CTI.
Las diligencias de ocupación se realizaron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tiene presencia.
“Las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social, mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominioante jueces de la especialidad”, añadió el fiscal Cárdenas Restrepo.
