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En el marco de las denuncias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde la entidad expuso que en Colombia cada 48 horas un menor de edad es reclutado por los grupos armados ilegales que operan en el país, Iris Marín, defensora del pueblo, también ofreció en LA FM de RCN Radio una mirada de situación de riesgo que enfrentan los menores en el país.
La funcionaria afirmó que la problemática de reclutamiento forzado de menores en Colombia por parte de grupos armados ilegales, en el Catatumbo y otras zonas, está llegando "a un punto de normalización". Marín afirma que, a pesar del esfuerzo que instituciones como la ONU y la defensoría han realizado por exponer la crítica situación que enfrentan los menores, la "respuesta institucional ha sido muy débil".
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En su conversación, la defensora del pueblo señaló que recientemente le pidió al ministerio de defensa que también se contemple el reclutamiento forzado como otro de los asuntos a atender en el marco de las diferentes problemáticas que ha generado el conflicto armado en Colombia.
Por otra parte, la defensora Marín afirmó que la cifra de casos de reclutamiento podría ser superior a los datos oficiales que actualmente las entidades tienen.
"Hoy vamos a actualizar las cifras con 541 casos de reclutamiento forzado para el año de 2024, en este año seguimos teniendo nuevos casos. Entre enero y abril 21 casos, pero sabemos que la cifra es mucho mayor", precisó Marín.
Según la defensora, las cifras que la entidad ha recaudado permiten establecer que durante el 2024, cada día un menor de edad fue reclutado.
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¿Cómo están reclutando a los niños mediante redes sociales?
De acuerdo con la defensora del pueblo, el uso de redes sociales para reclutar menores es una práctica que ya se había identificado en Catatumbo y Cauca. Se trata de una modalidad en donde los grupos armados usan las plataformas digitales, con publicaciones de música y ofertas de bienes materiales, para lograr que los niños entren en contacto con el reclutador.
En ese sentido, la funcionaria indicó que ya se ha hecho un llamado a las plataformas digitales, para que apliquen una regulación más rigurosa para impedir que integrantes de grupos armados ilegales usen dichos servicios para reclutar menores.
Finalmente, la defensora Iris Marín precisó que, en el marco del proceso que se adelanta en el Catatumbo, es importante que se defina un marco jurídico que defina cómo se garantizará la entrega de los menores que están las disidencias de las Farc.
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¿Qué dice el informe de la defensoría sobre la situación en el Catatumbo?
El Catatumbo enfrenta la emergencia humanitaria más grave de la que se tenga registro en Colombia. Así según lo documenta la Defensoría del Pueblo en su más reciente informe, “El Catatumbo después de la crisis”, en el que se detallan 64.783 desplazamientos forzados y más de 12.900 personas confinadas entre enero y abril de 2025, como consecuencia directa de la confrontación armada entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las extintas Farc.
La magnitud del desastre queda evidenciada al comparar esta cifra con el total de desplazados en todo el país durante 2024, que fue de 25.611 personas.
El informe también denuncia 117 homicidios y múltiples violaciones al Derecho Internacional Humanitario, entre ellas el uso de drones explosivos, minas antipersonal, y violencia sexual, especialmente contra mujeres y niñas.
Tres escenarios críticos que agravan el conflicto
La Defensoría del Pueblo identifica tres escenarios de alto riesgo para la población del Catatumbo:
- Intensificación de la disputa territorial, especialmente en los municipios de Tibú y El Tarra, donde los enfrentamientos incluyen métodos de guerra no convencionales.
- Consolidación territorial del ELN en zonas como Ocaña, Convención y Sardinata, donde se impone control social sobre las comunidades.
- Posible ingreso del Ejército Gaitanista de Colombia, que podría expandir sus operaciones desde regiones vecinas hacia el Catatumbo, aumentando la presión sobre la población civil.
Hallazgos que reflejan una crisis humanitaria sin precedentes
Entre los hechos más alarmantes documentados por la Defensoría se encuentran:
- La utilización de armamento cerca de escuelas y zonas pobladas.
- Violencia sexual, trata de personas y trabajo forzado, con al menos 62 mujeres denunciantes.
- Existencia de “campos de resocialización” ilegales, operados por grupos armados no estatales.
- Reclutamiento forzado de menores, con 42 niños, niñas y adolescentes desvinculados solo entre enero y febrero.
- Ataques contra comunidades indígenas, particularmente contra el pueblo Barí, en riesgo de exterminio físico y cultural.
Además, la situación de los firmantes del Acuerdo de Paz también es crítica: de los 464 que vivían en la subregión en diciembre de 2024, solo 41 permanecen en el Espacio Territorial de Reincorporación de Caño Indio. El resto han sido desplazados, confinados o reubicados por razones de seguridad. Se reportan además seis asesinatos y dos desapariciones.
