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Un claro choque de trenes se presentó entre la Corte Constitucional y la sección tercera del Consejo de Estado, frente a una sentencia sobre ejecuciones extrajudiciales o los denominados ´falsos positivos´.
El caso es el de la familia de dos jóvenes que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate por el Ejército.
En el 2018 la sección tercera rechazó una indemnización a esas familias, tras asegurar que no se comprobó la responsabilidad estatal en los hechos.
Al estudiar el caso, la Corte Constitucional dijo que la sección tercera: “perdió de vista su propia jurisprudencia y desconoció la protección de la familia de las víctimas de estos hechos".
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La Corte también cuestionó que la sección tercera no flexibilizara las pruebas del caso, para darle toda la aprobación a los argumentos de las víctimas. La Corte advirtió que las pruebas en casos de ´falsos positivos’ se recogen en: “confusas circunstancias en que ocurren los hechos, la vulnerabilidad de las víctimas y, principalmente, porque la prueba está en manos de la contraparte”.
Para la Corte: “la sentencia expedida el 19 de julio de 2018 se apoyó en la lectura aislada de algunos medios probatorios y no apreció en su conjunto los hechos probados y los indicios que de ellos se desprenden, a efecto de determinar si la muerte de los ciudadanos (...) devino como consecuencia de una actuación ilegal e ilegítima de las Fuerzas Militares”
La Corte Constitucional en ese caso ordenó a la sección tercera emitir un nuevo fallo en el que reconozca que: “está probada la existencia de un daño imputable al Estado y no hay duda en que funcionarios del Estado causaron la muerte de los dos ciudadanos".
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Sobre sentencias de falsos positivos, la Corte recordó los parámetros que los jueces deben tener en cuenta:
“No es admisible que ante (i) la muerte de dos personas que no se conocían entre sí; (ii) que se encontraban en estado de “indefensión” ; (iii) que no portaban ningún elemento indicativo de que hicieran parte de una organización criminal o se dedicaran a actuaciones ilícitas como secuestros y/o extorsiones; (iv) frente a los cuales no obra ningún reporte de inteligencia, investigaciones iniciadas o algún tipo de información que diera lugar a una sospecha en su contra; (v) cuyo deceso ocurrió por el accionar de los miembros del Ejército Nacional y (vi) sin que estuviese probado un combate; se concluya que no logró probarse el daño antijurídico imputable a los agentes del Estado”, se lee en la sentencia.
