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La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla acusados de, presuntamente, liderar una organización criminal que direccionó millonarios contratos y convenios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías ( Invías).
El grupo de tareas especiales de la Fiscalía que coordina este proceso radicó el escrito de acusacióncontra ambos exfuncionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro ante los magistrados de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de justicia.
La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema María Cristina Patiño, sustentó este escrito en toda una serie de pruebas que fueron recolectadas por los investigadores entre los que se destacan los testimonios de Olmedo López y de María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
En la actualidad los exministros se encuentran detenidos como supuestos responsables de cometer los delitos concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
Los millonarios contratos que enredan a los exministros
De acuerdo con la Fiscalía, los exministros impartieron instrucciones para el direccionamiento de contratos y convenios por más de 612 mil millones de pesos de la UNGRD y el Invias, a cambio de lograr el apoyo para reformas como la pensional y de salud promovidas por el Gobierno, así como el respaldo en la votación a los proyectos de endeudamiento de la Nación que cursaban en la Comisión Interparlamentaria de Hacienda y Crédito Público.
Para los investigadores, se estableció que esta organización criminal tuvo vocación de permanencia y durabilidad, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, durante el tiempo en que Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González, se desempeñaron como ministros de despacho en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
“Durante este lapso los exministros direccionaron en favor de parlamentarios de la Comisión Primera del Senado, de las comisiones tercera y cuarta de la Cámara y Senado y de la Comisión Séptima del Senado, 74 proyectos radicados en el Invías por $571,701,473,657 y cinco proyectos en la UNGRD por $40,536,363,430 pesos, de los cuales se concretaron siete proyectos que serán detallados al imputar los hechos jurídicamente relevantes de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos”, indicó la fiscal Patiño.
Así fue la orden para apoyar la reforma pensional
De acuerdo con la Fiscalía, se estableció que en junio de 2023 el exministro del Interior le ordenó al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, apoyar la reforma pensional y para ese fin debía presentarse en uno de los debates de la Comisión Séptima del Senado de la República, con el objetivo de entregar contratos a ciertos congresistas para seguir ampliando las mayorías en esa comisión.
“Pues allí se tramitaban las reformas importantes del Gobierno Nacional,esto es a la salud y a las pensiones, y ponerse también a disposición de la senadora Marta Peralta Epiayú, quien estaba liderando por el Gobierno el sí de la reforma pensional”, dijo la fiscal Patiño.
