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Las consecuencias del entramado de corrupción que desfalcó al sistema general de regalías —un mecanismo de inversión en las regiones a partir de contraprestaciones que pagan empresas como las mineroenergéticas— no son solo penales.
El caso, que implica el desvío de recursos en cerca de medio billón de pesos, también aterrizó a la Procuraduría.
El Ministerio Público sancionó, en un fallo de primera instancia, a Emilia Álvarez Guerrero, exdirectora de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), una asociación que ejecuta los recursos de las regalías.
La Fiscalía la detuvo en una redada junto a otras ocho personas, en medio de once órdenes de captura.
Las millonarias irregularidades en contratos viales
Un juzgado de garantías ya legalizó los arrestos. Álvarez, quien puede apelar la decisión de la Procuraduría para que la Sala Disciplinaria de Juzgamiento se pronuncie, fue inhabilitada por quince años para ejercer cargos públicos.
El ente de control la investigaba desde 2023, cuando un informe reveló anomalías en un proyecto millonario.
La Oficina de Planeación de la Procuraduría encontró varias irregularidades en un plan vial para corredores estratégicos de San Andrés, en Four Corner, un tramo de Pepper Hill, Duppy Gully y Orange Hill.
El proyecto comprometió treinta mil millones de pesos y, según comprobó el Ministerio Público, se firmó irregularmente.
En julio de 2023 la Procuraduría Delegada para el Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías abrió una investigación —que dejó prescribir en 2025— contra el exgobernador Everth Hawkins, sancionado por el mismo ente de control, por irregularidades de 500.000 millones de pesos durante la pandemia.
También, contra Juan Camilo Suárez Botero, del Ministerio de Transporte; Álvaro Ávila Silva, procesado por contratos amañados en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad Paz); Fredy Francisco Borelly, entonces coordinador jurídico de Aremca, y Emilia Álvarez. Solamente Álvarez y Hawkins fueron a juicio en 2024 por el caso.
Álvarez, como directora de Aremca, escogió en 2022 al Consorcio Pavimento San Andrés para ejecutar el contrato del plan vial "sin aplicar la licitación pública como mecanismo obligatorio de selección del contratista", señaló la Procuraduría.
Además, "sin utilizar los pliegos tipo", documentos imperativos en la contratación pública, según señaló el organismo de control.
"La investigada no adelantó una licitación pública ni adoptó los pliegos tipo en estricto rigor como lo contempla la norma, partiendo del errado supuesto de que Aremca, al contar con manual de contratación propio, no estaba sometida al Estatuto General de Contratación", concluye el fallo, de la Procuraduría Primera Delegada Disciplinaria de Juzgamiento.
Las capturas y los tentáculos de la red de corrupción
El Ministerio Público insistió en que la actuación de Álvarez "no se explica como un simple error de apreciación normativa o una falta de diligencia, sino como una decisión consciente y voluntaria de apartarse del marco legal".
"Si la investigada hubiera demostrado diligencia y eficiencia en su actuar, no se hubieran presentado los hechos", añadió.
La exdirectora Emilia Álvarez es una de las fichas que recientemente han caído por la corrupción de Aremca. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturó el 15 de abril, en Atlántico, Arauca y Caquetá, a nueve de once personas investigadas por desviar contratos de proyectos de infraestructura financiados con regalías.
El sucesor de Álvarez, Gustavo Bolaños, fue otro de los capturados. Ambos son de Ciénaga de Oro, un municipio cordobés donde la Fiscalía investiga los convenios mal ejecutados o sin ejecutar que, además de Aremca, involucran al Departamento de Prosperidad Social (DPS) en los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro.
Según la Fiscalía, Álvarez, Bolaños, las otras siete personas capturadas y las dos pendientes de detener convirtieron a Aremca en una asociación delictiva que torció 101 proyectos en Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba.
Los convenios, de los que la mayoría no se ejecutó, suman más de 496 mil millones de pesos.
