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La Fiscalía General radicó el escrito de acusación con el que llama a juicio al exviceministro de Defensa para la Estrategia y Planeación, Luis Edmundo Suárez Soto, como presunto implicado en el escándalo de corrupción por la millonaria contratación lograda con la firma norteamericana Vertol Systems Company en torno a las fallas y retrasos en el contrato de mantenimiento de los helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional.
De acuerdo con las investigaciones se cometieron irregularidades en la adjudicación del contrato 012 del 31 de diciembre de 2024, suscrito entre el Ministerio de Defensa y la empresa norteamericana, por un valor aproximado de 32 millones de dólares, destinado al mantenimiento de esta flota de helicópteros rusos.
Según los investigadores las pruebas conducen a responsabilizar al exviceministro y a otras cinco personas por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal.
"En ese sentido, se conoció que el particular Carlos Martín Uribe Forero y el contratista James Lester Montgomerie se habrían concertado con el entonces viceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, Luis Edmundo Suárez Soto, para que la compañía extranjera se quedara con el contrato sin tener la idoneidad, experiencia, capacidad técnica y financiera para ejecutar las actividades encomendadas", indicó la Fiscalía.
Con base en las evidencias y elementos analizados por la Fiscalía se estableció que para consolidar esta actividad criminal presuntamente contaron con la intervención del exsecretario general, Hugo Alejandro Mora Tamaño, y el exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa, Herbert Arnulfo Buitrago Galán; y el excomandante de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional, coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte.
Dentro de los principales hallazgos se estableció que en su calidad de funcionarios supuestamente no realizaron un proceso abierto y recurrieron a una contratación directa para adjudicar el contrato y realizaron una convocatoria directa, flexibilizaron requisitos habilitantes y extendieron plazos para la presentación de cotizaciones.
Los fiscales encontraron pruebas que los señalan de convocar reuniones de estructuración en busca de beneficiar al oferente, permitirle entregar información financiera y técnica no real.
También se detectó que al parecer modificaron la forma de pago para girar 16 millones de dólares con el primer corte de ejecución, que correspondía al 50% del valor total del contrato.
Inspección judicial a la Universidad Militar
La Fiscalía ordenó adelantar una inspección judicial a la Universidad Militar Nueva Granada ante información que advertía que en la actualidad el ex viceministro aparecía en los registros bajo la calidad de contratista del Estado.
Tras dicha diligencia se obtuvieron los correspondientes soportes de pagos de un contrato suscrito entre Suárez Soto y la Universidad Militar Nueva Granada, desde el 30 de enero de 2026 hasta el mes de octubre de este año, consistente en prestar asesoría como especialista para temas de economía, seguridad, defensa y productividad por un valor que ascendió a los 63 millones 630 mil pesos.
“Con base en estas pruebas se establece que si bien el exviceministro estaba incapacitado, no lo estaba para unas cosas e índoles labores, pero sí para comparecer a la justicia”, cuestionó el fiscal delegado.
Los informes y alertas de la Contraloría General
En el marco de esta investigación se han llevado a cabo diferentes diligencias judiciales de allanamiento y registro ordenadas por una Fiscalía adscrita a la Dirección Nacional contra la Corrupción.
El expediente se origina de una alerta realizada el 6 de octubre de 2025 por la propia Contraloría General sobre un posible detrimento patrimonial.
El informe de la Contraloría General estaba dirigida a que el contrato, cuyo anticipo inicial fue de 16,2 millones de dólares, equivalente al 50 % del valor total, tenía como objetivo garantizar la operatividad de la flota de helicópteros Mi-17, fundamentales para ejecutar misiones de transporte de tropas, atención humanitaria y evacuaciones médicas en zonas de difícil acceso.
De acuerdo con la Fiscalía dicho contrato presentaba un riesgo significativo de incumplimiento, dado que registraba en su momento un avance físico del 8%, mientras que ya se había desembolsado un pago anticipado correspondiente al 50% del valor total del contrato que ascendía a los 32.4 millones de dólares.
Con base en las denuncias esta situación evidenciaba una desproporción critica entre los recursos entregados y el nivel de ejecución alcanzado, lo que ponía en riesgo la adecuada culminación del objeto del millonario contrato.
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