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La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para establecer si incurrieron en el presunto delito de prevaricato por acción, en medio de la disputa con la Fiscalía por la investigación que involucra al expresidente Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
Según se conoció, la actuación busca determinar si hubo decisiones contrarias a la ley cuando congresistas solicitaron que el expediente fuera trasladado desde la Fiscalía hasta esa comisión del Congreso. La Fiscalía rechazó esa petición y sostuvo que mantiene la competencia para adelantar el proceso.
Hay que precisar que se trata de una indagación preliminar. Por ahora, la Corte busca establecer si los hechos denunciados ocurrieron y si pueden constituir un delito. La apertura de esta actuación no significa que los congresistas investigados sean responsables.
La denuncia y el origen del conflicto
La denuncia por presunto prevaricato por acción fue presentada el pasado 3 de septiembre por el abogado Omar Alberto Franco Becerra, después de que integrantes de la Comisión de Acusación solicitaran a la Fiscalía trasladar el caso contra Uribe a esa instancia legislativa.
El asunto fue repartido al magistrado César Augusto Reyes, quien abrió la indagación previa para esclarecer las circunstancias de la solicitud y determinar si hubo alguna actuación ilegal.
El expediente está relacionado con hechos ocurridos en Antioquia durante la década de los noventa: las masacres de La Granja, en 1996, y El Aro, en 1997, además del asesinato de Jesús María Valle, defensor de derechos humanos, ocurrido en 1998.
Hay que recordar que el proceso contra Uribe busca establecer su presunta responsabilidad por una posible omisión durante el periodo en que fue gobernador de Antioquia. Se trata de hechos que el expresidente ha rechazado y por los cuales ha comparecido ante las autoridades judiciales.
Uribe ya rindió indagatoria ante la Fiscalía
El pasado 4 de septiembre, Álvaro Uribe acudió a la Fiscalía para rendir indagatoria dentro de este proceso.
Antes de ingresar, el exmandatario defendió su actuación pública y rechazó las acusaciones relacionadas con presuntas violaciones de derechos humanos.
Uribe aseguró que comparecía con tristeza, pero por respeto a la Constitución, a su familia, a sus compatriotas y a la justicia. También negó haber sido asesino y rechazó los señalamientos que lo relacionan con el narcotráfico y el paramilitarismo.
La diligencia del 4 de septiembre no sería la única. De acuerdo con la información conocida sobre el proceso, estaban pendientes de confirmación las fechas de otras dos sesiones de indagatoria.
El expresidente ha sostenido que las acusaciones en su contra son injustas y ha cuestionado a quienes lo señalan. Sin embargo, sus declaraciones corresponden a su posición frente al proceso y no sustituyen las decisiones que deban adoptar las autoridades judiciales.
¿Qué papel cumple la Comisión de Acusación?
La investigación también pone el foco en las funciones de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, una instancia encargada de recibir, investigar y tramitar denuncias contra altos funcionarios que cuentan con fuero constitucional, entre ellos el presidente de la República, los magistrados de las altas cortes y el fiscal general.
Tras la instalación del nuevo Congreso, esta comisión quedó integrada por 17 representantes. El Pacto Histórico obtuvo cinco puestos; el Centro Democrático y el Partido Liberal, tres cada uno; el Partido Conservador, dos; y La U, Cambio Radical y dos representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, una curul cada uno.
Entre sus integrantes están Gabriel Becerra, del Pacto Histórico; Daniel Briceño, del Centro Democrático; y Juan Loreto Gómez, del Partido Conservador.
La composición de la comisión se definió mediante el sistema de cifra repartidora, con base en los resultados de las elecciones legislativas del 8 de marzo.
Por ahora, el punto central es establecer si la solicitud de trasladar el expediente de Uribe a la Comisión de Acusación se ajustó a la ley o si, como plantea la denuncia, pudo constituir una actuación contraria al ordenamiento jurídico.
La Corte Suprema deberá avanzar en la verificación de los hechos antes de determinar si hay méritos para adoptar nuevas decisiones dentro de esta indagación.
Cuatro preguntas y respuestas
¿Por qué abrió una indagación la Corte Suprema?
Para establecer si integrantes de la Comisión de Acusación pudieron incurrir en prevaricato por acción al solicitar que la Fiscalía trasladara a esa instancia el expediente contra Álvaro Uribe.
¿Qué significa el presunto delito de prevaricato por acción?
Se refiere a la posible expedición de una decisión o actuación manifiestamente contraria a la ley por parte de un servidor público. La Corte debe determinar si los hechos denunciados encajan en esa conducta.
¿La Corte ya declaró responsables a los congresistas?
No. Se trata de una indagación previa que busca verificar los hechos y establecer si pueden constituir un delito. La apertura de la investigación no equivale a una declaración de culpabilidad.
¿Qué hechos se investigan en el proceso relacionado con Uribe?
El caso está relacionado con las masacres de La Granja, en 1996, y El Aro, en 1997, así como con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, en 1998, y la posible omisión del entonces gobernador de Antioquia frente a esos hechos.
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