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Luis Edmundo Suárez Soto se convirtió en el exfuncionario de más alto nivel del gobierno de Gustavo Petro imputado por su participación en las aparentes irregularidades de la planeación y la ejecución del contrato de mantenimiento de una flotilla de helicópteros rusos MI-17. El convenio costó 32 millones de dólares en 2024.
Suárez fue viceministro de Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, lo que en la práctica lo convertía en un segundo al mando de la cartera de seguridad, solo detrás del exministro y hoy embajador en el Vaticano, Iván Velásquez. Al parecer, sin competencia en sus funciones, torció el multimillonario contrato.
De acuerdo con la Fiscalía, que le imputó ocho delitos, el abogado ordenó contratar bajo la modalidad de selección directa reservada para favorecer a Vertol Systems Company, una empresa estadounidense a cargo del también norteamericano James Lester Montgomerie, otro judicializado, en medio de un “acuerdo criminal”.
La compañía no acreditaba la experiencia técnica, la capacidad jurídica ni la solidez financiera requeridas para el mantenimiento de las aeronaves. A pesar de ello, el exviceministro Suárez habría intervenido en reuniones de estructuración para flexibilizar las exigencias, y mantenía comunicación directa con los contratistas.
El expediente contra el exfuncionario estableció que por su despacho pasaron informes técnicos y jurídicos que advertían del incumplimiento de los requisitos por parte de Vertol y que, para evitar las alertas, designó a alguien para que evaluara financieramente el proyecto. Luego, autorizó un desembolso anticipado.
Como adelanto, la cartera giró poco más de 16,23 millones de dólares, la mitad del valor del contrato, en abril de 2025, cuatro meses después de la adjudicación del convenio, aunque la ejecución apenas rondaba los 2,6 millones. El ministerio declaró el desacatamiento. Está pendiente el reintegro de más de trece millones de dólares.
La investigación alcanza a empresarios y exfuncionarios vinculados con Vertol
La Fiscalía le imputó al exservidor los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal.
Suárez Soto no aceptó los cargos. La Fiscalía sostiene que el fallido mantenimiento de los diecinueve helicópteros es producto de un contubernio entre empresarios y funcionarios del Ministerio de Defensa para favorecer a Vertol, que eludió más del 90% de sus obligaciones, según la propia agencia gubernamental.
Tres días antes de la imputación a Suárez, el ente investigador judicializó a tres personas más: Carlos Martín Uribe, representante de MI-Series Personnel & Parts; el estadounidense James Lester Montgomerie, y Herbert Buitrago Galán, exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa.
Buitrago responderá por contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Uribe y Montgomerie, el mismo delito y falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción y peculado por apropiación. Al igual que Luis Edmundo Suárez, ninguno aceptó cargos.
El exdirector de Logística, presuntamente, impartió instrucciones para favorecer a Vertol, “coordinó el intercambio de información” —dice la Fiscalía— con los involucrados, sirvió como traductor en las comunicaciones con Montgomerie y entregó una cotización de 36 millones de dólares para la estructuración del contrato.
Tanto Luis Edmundo Suárez como Herbert Buitrago conocieron informes sobre la falta de requisitos de Vertol para asumir el fracasado mantenimiento, pero aparentemente los ignoraron. Carlos Uribe, por su parte, “intervino” en la autorización del anticipo del 50% del convenio. Buena parte de las aeronaves sigue en tierra.
El presunto entramado de corrupción de los MI-17 suma siete procesados
En diciembre del año pasado, la Fiscalía capturó a Hugo Mora Tamayo, un funcionario de la secretaría del Ministerio de Defensa; a Diego Manrique Cabezas, asesor de la dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del ministerio, y al coronel Julián Rincón. Dos días después, un fiscal de la Dirección Contra la Corrupción los imputó.
Mora fue detenido en Manizales; Manrique, en Bogotá, y Rincón, en la base militar de Tolemaida. La Fiscalía les imputó, ante una juez de garantías, falsedad en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, abuso de función pública y peculado por apropiación. Ninguno aceptó los cargos.
Para el ente acusador, los procesados fueron parte de “un entramado de corrupción” que “direccionó de manera irregular” el contrato entre septiembre y octubre de 2024, cuando hubo reuniones entre funcionarios y empresarios para negociar distintas ofertas para el cuidado de los MI.
El coronel Rincón habría cambiado prórrogas ilícitamente y certificado sin soportes a Vertol System. Manrique, presuntamente, intervino en la elaboración y la evaluación del estudio económico previo y cambió los requisitos financieros.
Mora, aunque conocía las irregularidades, suscribió el convenio y viabilizó el anticipo del 50% de su valor. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación por las irregularidades en el mantenimiento.
El ente de control busca determinar el papel del coronel Julián Rincón, comandante de la Brigada de Aviación 32, quien tenía a su cargo la supervisión, el manejo y el mantenimiento de la flota de aviación en el hangar del fuerte de Tolemaida.
Los entes de control observan el fallido mantenimiento de los MI-17
Además, pretende establecer “las circunstancias de tiempo, modo y lugar” de la firma del contrato No. 012 de 2024, entre el Ministerio de Defensa y Vertol, la encargada del mantenimiento, a la que la cartera de seguridad le impuso una multa de 8,9 millones de dólares.
La idea es “concretar si existió omisión de funciones por parte de servidores del Ministerio de Defensa, civiles o militares, que pudieran configurar en faltas disciplinarias”, aclaró la Procuraduría. El Ministerio Público inspeccionó al de Defensa y a la Brigada 32.
El mantenimiento de los MI-17 permanece en la mira de las autoridades. El Ministerio de Defensa entregó un anticipo de 16,2 millones de dólares, y cuando el contrato caducó —el 15 de noviembre del año pasado—, las supervisiones y auditorías advertían de una ejecución del 8%.
La cartera que lidera el general en retiro Pedro Sánchez evidenció en agosto “múltiples incumplimientos contractuales”, como “la falta de entrega de documentación requerida” y la “omisión en la ejecución de obligaciones técnicas establecidas en los anexos”.
Tres helicópteros estaban a la espera de un mantenimiento completo de parte de Vertol System y otros tres lo recibieron en aspectos que extendían su operatividad por meses. La mitad de la flotilla sigue en tierra y la otra mitad podría sumarse próximamente.
La Contraloría General de la República alertó en octubre de la alta posibilidad de un detrimento patrimonial, por la dificultad en la recuperación del millonario anticipo para el contratista. En enero de 2026, el Ejército reportó el pago de veinte millones de dólares de Berkley International Seguros Colombia, la aseguradora que expidió una póliza de cumplimientos para cubrir pagos de multas en caso de incumplimientos.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué la Fiscalía imputó al exviceministro Luis Edmundo Suárez?
La Fiscalía sostiene que Luis Edmundo Suárez participó en un presunto "acuerdo criminal" para favorecer a Vertol Systems Company en el contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17, pese a que la empresa no cumplía los requisitos técnicos, jurídicos y financieros. Por esos hechos le atribuyó ocho delitos, que el exfuncionario no aceptó.
¿Qué irregularidades encontró la investigación en el contrato de los MI-17?
Según la Fiscalía, funcionarios del Ministerio de Defensa flexibilizaron los requisitos del proceso, ignoraron informes que advertían sobre las falencias de Vertol y autorizaron un anticipo superior a 16 millones de dólares cuando la ejecución del contrato era mínima. El convenio terminó incumplido y el Estado aún busca recuperar buena parte de esos recursos.
¿Quiénes más han sido procesados por este caso?
Además de Luis Edmundo Suárez, la Fiscalía ha judicializado a empresarios vinculados con Vertol Systems y a varios exfuncionarios del Ministerio de Defensa, entre ellos Herbert Buitrago, Carlos Martín Uribe, James Lester Montgomerie, Hugo Mora, Diego Manrique y el coronel Julián Rincón. En total, el presunto entramado suma siete procesados.
¿Qué consecuencias ha tenido el fallido mantenimiento de los helicópteros MI-17?
El contrato dejó buena parte de la flota de diecinueve helicópteros fuera de operación, motivó investigaciones de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, y derivó en una multa millonaria contra Vertol Systems, además de acciones para recuperar el anticipo entregado por el Ministerio de Defensa.
