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La denuncia contra los congresistas Armando Benedetti, Mauricio Gómez Amin y Daría Galvis habla de siete pruebas que demostrarían su presunta participación en la adjudicación del billonario contrato del Ministerio de las Tecnologías de la Información (MinTIC) con la Unión Temporal Centros Poblados, que tenía el objetivo de llevar internet a más de 14.000 colegios del país.
El despacho del magistrado Misael Rodríguez, de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, tendrá que revisar las audiencias grabadas del proceso de licitación pública FTIC- LP-038 de 2020, "sobre los centros digitales de las zonas rurales del país por más de dos billones de pesos".
La denuncia también se refiere al Contrato Estatal de Aportes No. 1043 de 2020 que esta en manos del Ministerio y el expediente del contrato sobre su etapa precontractual y contractual.
Además, la denuncia penal se refiere a las garantías bancarias que presentó Centros Poblados para quedarse con el contrato.
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El despacho del magistrado Rodríguez evalúa escuchar en declaración a la exministra Karen Abudinen, sobre el proceso licitatorio y la declaración de Emilio Tapia y Juan Carlos Ángel, quienes están en proceso penal por esos hechos y supuestamente conocerían de la presunta relación de los congresistas con el proceso licitatorio. La denuncia también le pide al magistrado escuchar en declaración a los congresistas denunciados.
Al respecto, los congresistas Benedetti y Gómez han desmentido su presunta participación en los hechos. Gómez ha dicho que se trata de una confusión de nombres pues algunos de los implicados tienen su mismo apellido y nombre.
Mientras que Benedetti aseguró que no conoce y no ha tenido relación con Emilio Tapia, ni con ninguno de los procesados en ese escándalo. Sin embargo, su nombre salió a relucir por unos trinos de la exministra Abudinen, al señalarlo de haberse comunicado con ella para pedirle la cesión del contrato a una empresa extranjera.
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