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El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del exsenador Iván Leonidas Name Vásquez, al considerar probado el tráfico de influencias y establecer que actuó de manera consciente y voluntaria para influir en el trámite de la reforma pensional mientras ocupaba la Presidencia del Senado.
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Decisión 24 del Consejo de Estado y todavía puede ser apelada ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
La relación con funcionarios del Gobierno
Según la providencia, durante el trámite de las reformas del Gobierno, funcionarios como Carlos Ramón González y Sandra Ortiz conocían las dificultades que enfrentaban las iniciativas en el Congreso.
El Consejo de Estado señaló que González, quien para entonces era director del DAPRE, tenía una relación política y frecuente con Name. Además, González reconoció que había conversado con el entonces presidente del Senado sobre la posibilidad de avanzar en las reformas del Gobierno, especialmente la reforma pensional.
La Corte encontró que, ante la resistencia que enfrentaban esas iniciativas en el Congreso, se buscó la intervención de Name debido a las funciones que tenía como presidente del Senado y a su capacidad para dirigir las sesiones plenarias.
El papel de la UNGRD y el dinero
La providencia también analiza los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes estuvieron al frente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
De acuerdo con el Consejo de Estado, esos funcionarios utilizaron recursos de la UNGRD para realizar el pago de la dádiva que habría recibido Name.
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