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La Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia adelantar las respectivas investigaciones en contra de la representante a la Cámara Margarita Restrepo, por su supuesta responsabilidad en ofrecimientos realizados por parte de su campaña política para favorecerla con su reelección en los comicios del 11 de marzo pasado.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, reveló que se estableció que la campaña de esta congresista habría ofrecido, de manera subsidiada, viajes a San Andrés Islas por un valor de 120 mil pesos, tabletas a 30 mil pesos y televisores de 49 pulgadas valorados en 350 mil pesos, siempre y cuando se comprometieran a marcar el número 102 en el tarjetón de su partido a la Cámara por Antioquia.
Las pruebas recolectadas por la Fiscalía advierten que la campaña alcanzó a recaudar de los votantes 136 millones de pesos en una cuenta particular y les condicionó la entrega de las ofertas a la comprobación de que hubiesen votado por la congresista”, dijo Martínez.
Por estos hechos los fiscales identificaron una posible responsabilidad de Alejandro Cuartas Rodas,gerente de la campaña, y de Elizabeth Jaramillo Rico, quienes habrían hecho la oferta a más de 400 personas que asistían a reuniones de la entonces candidata.
También se estableció que Cuartas Rodas habría comprado votos a 80 mil pesos el día de las elecciones y se comprobó que al menos 55 de los votantes viajaron a San Andrés y tres recibieron televisores.
Martínez Neira llamó la atención porque varias personas, quienes no recibieron lo prometido, se acercaron al organismo judicial a denunciar que fueros estafadas: "descaradamente se acercaron a la Fiscalía a denunciar estos hechos".
Corrupción en Bogotá
La Fiscalía descubrió que desde noviembre de 2017 Julián Gutiérrez, contratista de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, supuestamente exigió a las profesoras de jardines infantiles de la localidad de Kennedy votar de forma direccionada por el candidato a la Cámara Diego Caro y su fórmula al Senado María Fernanda Cabal, con la amenaza de que en caso de no hacerlo, no se les renovarían sus contratos.
El fiscal Martínez indicó que para confirmar el compromiso del voto, el contratista les exigió a las docentes la elaboración de un listado con el nombre de al menos 10 familiares, sus números de cédula y barrio de residencia, además de la participación en las reuniones.
De acuerdo con los investigadores, a algunas de las reuniones habría asistido como veedor Jhon Francisco Rodríguez, subdirector regional de la Secretaría de Integración Social de la localidad de Kennedy.
Uno de estos encuentros se presentó el pasado 8 de marzo de 2018, Día de la Mujer, cuando se habría citado con esa excusa a varias de las profesoras que habían cumplido con los “requisitos”, y se les habría entregado un sobre con doscientos mil pesos como reconocimiento por la colaboración”, indicó.
Ante los hechos detectados, el próximo 3 de julio serán imputados por los delitos de constreñimiento y corrupción al sufragante Julián Gutiérrez y Jhon Francisco Rodríguez.
El fiscal general precisó que por el momento los investigadores no encontraron méritos para compulsar copias por estos hechos contra la congresista María Fernanda Cabal, sin embrago, continuarán con las respectivas indagaciones.
