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El juzgado 49 civil municipal de Bogotá admitió para su estudio la tutela instaurada en contra de los miembros del Comité Nacional del Paro con el fin de que se proteja a todas aquellas personas que están viendo vulnerados sus derechos fundamentales debido a los bloqueos realizados en medio de las protestas que se iniciaron el pasado 28 de abril.
Con esta acción judicial instaurada por la concejal Lucia Bastidas se busca que el Comité del Paro Nacional se pronuncie públicamente en rechazo a los bloqueos en el marco de las protestas, que exija el libre tránsito del personal de salud, vehículos con insumos médicos y los destinados a bienes y servicios esenciales.
Igualmente, la tutela pretende que los líderes del Comité del Paro promuevan ante la Alcaldía de Bogotá un diálogo enfocado exclusivamente en acordar unas reglas mínimas de las protestas que tienen lugar en la capital del país, en las que se establezca el libre tránsito y movilidad.
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Para la cabildante los hechos violentos que se han suscitado en el marco de las protestas “afectan a la gran mayoría de ciudadanos que no han encontrado protección a sus derechos fundamentales amenazados por cuenta de las manifestaciones que acuden a las vías de hecho, que exceden lo que involucra el derecho legítimo a la protesta y que ponen en grave riesgo, bajo amenaza, los derechos fundamentales a la vida, la salud, la seguridad alimentaria, entre otros”.
De acuerdo con la concejal es necesario buscar acciones que mitiguen las afectaciones que generan los bloqueos que llevan 23 días en diferentes zonas de la ciudad y con el interés de garantizar los derechos de quienes deciden no protestar en las calles.
El estudio que se inicia sobre esta acción, se basa en la vulneración a los derechos fundamentales a la vida, la salud, la seguridad alimentaria y a derechos colectivos como el trabajo, la movilidad y la seguridad, entre otros, los cuales “han puesto en riesgo miles de vidas en la capital del país durante estas tres semanas de manifestaciones en el marco del paro nacional”.
La concejal Bastidas aseguró que “hay confianza en la justicia, esperamos que el juez equipare tanto el legítimo derecho a la protesta pacífica como los derechos fundamentales de quienes claman por no ser objeto de violencia en las marchas”.
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De igual forma, sostuvo que en ningún caso se pretende que el juez afecte el derecho a la protesta, pero sí se requiere establecer un marco mínimo para llevarlas a cabo sin afectar los derechos de los demás ciudadanos.
“Entendemos que hay efectivamente un malestar social, pero desde ningún punto de vista se puede justificar el vandalismo, los bloqueos o la violencia que ya no solo cuestan económicamente, sino que repercuten en cientos de familias que a estas alturas se han quedado sin ninguna opción, viven en la incertidumbre porque mientras que persista el paro y no haya un pronunciamiento del Comité Nacional en rechazo a estos actos, seguirán ocurriendo”, agregó la concejal Bastidas.
