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Ante la Fiscalía General de la Nación fue radicada una nueva solicitud para que se le imputen cargos a la rectora del colegio Gimnasio Campestre los Laureles, Sonia Inés Ochoa y a dos profesores más, por su presunta responsabilidad en los hechos que rodearon la muerte de la niña de diez años Valeria Afanador.
En torno a este caso el Instituto Nacional de Medicina Legal concluyó que la causa de la muerte de la niña Valeria Afanador Cárdenas , de 10 años, cuyo cuerpo fue encontrado el viernes 29 de agosto de 205 en el río Frío cerca al sector conocido como La Fagua, en Cajicá (Cundinamarca), fue por ahogamiento.
Esta petición fue realizada por el abogado Julián Quintana, representante civil de victimas de la familia Afanador, quien indicó que son contundentes las pruebas para que la Fiscalía formule cargos en este caso por el delito de homicidio agravado en modalidad de dolo eventual.
“En particular, se evidencia que Sonia Ochoa, en su condición de rectora y máxima autoridad institucional, omitió garantizar un sistema efectivo de custodia, vigilancia y control, tolerando fallas estructurales en los protocolos de protección de los estudiantes, falencias que eran de su total conocimiento”, indica la petición elevada ante la Fiscalía.
De acuerdo con Quintana las evidencias también indican una supuesta responsabilidad en la muerte de la menor por parte de los profesores Emely Viviana Fuentes Hernández y Diego Orlando Pinzón.
Según el abogado de las víctimas en el caso de Emely Fuentes como docente, incumplió sus deberes funcionales de vigilancia y control respecto de la menor, permitiendo su salida del aula sin activar oportunamente los mecanismos de protección exigibles.
Frente al profesor Diego Pinzón, también advirtió una situación anómala —la presencia de la menor fuera de su salón en horario no autorizado— y, pese a ostentar posición de garante y tener capacidad concreta de intervenir, optó por la inacción absoluta, permitiendo que el riesgo se mantuviera y se proyectará en el tiempo.
“En los tres casos, el material probatorio existente permite afirmar razonablemente que tenían el deber jurídico de actuar, debían hacerlo y no lo hicieron, elevando y manteniendo un riesgo no permitido que se concretó en el resultado fatal”, señala el documento.
En la solicitud se enfatiza que “por las conductas punibles que correspondan, en calidad de garantes que omitieron actuar frente a un riesgo evidente, permitiendo la materialización del resultado que culminó con la muerte de la menor Valeria Afanador Cárdenas”.
