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La defensa de Jesús Santrich ha insistido con vehemencia que el caso de narcotráfico del otrora guerrillero de las Farc es un montaje de las autoridades de Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación.
Al respecto, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, desestimó esos señalamientos y dijo que el gobierno no tiene elementos para inferir que se trata de algún tipo de confabulación en contra de Jesús Santrich.
“Este caso lo debe decidir la justicia y no puede el gobierno hacer apreciaciones de esa naturaleza porque no se tienen los elementos para decir que es un montaje. Nosotros sólo obramos dentro de los cauces y cánones de la legalidad y de las relaciones internacionales”, sostuvo en diálogo con LA FM.
Frente al proceso que viene luego de confirmarse la petición de extradición de las autoridades estadounidenses, el ministro dijo que se tienen cinco días para revisar los términos de la solicitud y enviarla a la Jurisdicción Especial de Paz.
“A la Cancillería llegó en horas de la tarde del jueves la petición formal que fue remitida de inmediato al ministerio de Justicia. Es una petición de 244 folios que se está revisando. Tenemos cinco días para mirar los aspectos formales y remitirla a la JEP”, explicó.
La JEP, conforme a lo establecido en el acto legislativo, determinará dentro de sus funciones la fecha de la supuesta ocurrencia de los hechos y si son antes o después del 1 de diciembre de 2016, fecha establecida en el Acuerdo de Paz como límite para cualquier delito cometido por la desmovilizada guerrilla de las Farc.
“Si estos hechos son posteriores a esa fecha el proceso pasa a la jurisdicción ordinaria y se haría lo pertinente para la extradición”, aseguró.
Y es que el abogado Gustavo Gallardo, defensor de Santrich, dijo que los cargos hacen parte de un montaje orquestado por el fiscal Néstor Humberto Martínez, la embajada de los Estados Unidos y la DEA “para señalar a Jesús Santrich como responsable de un delito que nunca cometió”.
La defensa de ‘Santrich’ anunció que presentará todos los recursos judiciales necesarios ante la JEP para tratar de evitar la extradición del exjefe de las Farc hacia los Estados Unidos.
