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Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia llamó a responder en interrogatorio al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, por su presunta responsabilidad en el escándalo del Cartel de la Toga.
Esta decisión hace parte de una de las líneas de investigación abiertas por el que es considerado uno de los más graves hechos de corrupción judicial en la historia del país.
La Fiscalía precisó que esta citación a interrogatorio se da contra el exmagistrado Camilo Tarquino, por hechos irregulares registrados cuando ejerció como abogado.
Por disposición del fiscal a cargo del proceso esta citación judicial fue fijada para el próximo 12 de abril.
Según trascendió dentro de los testigos clave de la Fiscalía aparece el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien confesó desde Miami, Estados Unidos, que aproximadamente en 2015 sostuvo una reunión con Tarquino en la cual este le aseguró que gracias a las actividades que supuestamente desplegaban un grupo de magistrados de la Corte se podía solucionar a su favor todo el proceso penal que se adelantaba en su contra.
De acuerdo con Lyons el expresidente Tarquino le habría indicado que de este grupo hacían parte exmagistrados como Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.
De acuerdo con la declaración del exgobernador de Córdoba, el exmagistrado Tarquino le señaló que lo único que se requería para solucionar sus problemas era pagar una suma que ascendía a los 20 mil millones de pesos.
Lyons agregó que esta reunión se habría dado en el propio apartamento del ex magistrado Camilo Tarquino y que en anteriores oportunidades ya le había entregado supuestamente a Tarquino 30 millones de pesos para que tuviera “para un café, unos almuerzos y para moverse” e iniciar así las gestiones ante los ex magistrados capaces de torcer procesos.
Es de recordar que por el escándalo del Cartel de la Toga otro de los principales testigos es el exfiscal, Luis Gustavo Moreno, quien era una de las piezas clave en este engranaje de corrupción judicial que bajo la exigencia de millonarias sumas de dinero habría favorecido en la Corte Suprema y la Fiscalía a congresistas y otros aforados constitucionales.
