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El juzgado 75 de control de garantías de Bogotá avaló la prórroga del principio de oportunidad firmado entre la Fiscalía General y el exjefe de la Unidad Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, considerado el testigo clave en la investigación por el denominado escándalo del ‘cartel de la toga’.
Moreno, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos, se ha comprometido a entregar información clave sobre los hechos que rodearon el pago de millonarios sobornos para que se direccionara, aplazaran y archivaran procesos en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia contra aforados constitucionales.
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En la decisión judicial se advierte que una vez se realice el proceso de extradición a Colombia, el exfiscal anticorrupción deberá ser trasladado, por motivos de seguridad, a un centro de reclusión especial como una guarnición militar.
Con la prórroga del principio de oportunidad seguirá suspendida la persecución penal contra Moreno por los delitos de cohecho (petición de sobornos) y concierto para delinquir.
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En enero de 2019, el exfiscal fue sentenciado a cuatro años de prisión por la Corte Federal del Sur de la Florida (Estados Unidos) después que aceptara su responsabilidad en los delitos de conspiración para lavar dinero, conspiración para cometer fraude en giros bancarios y fraude bancario.
Según la investigación, Moreno contactó en un aeropuerto de Miami (Estados Unidos) al exmandatario departamental para presionarlo para que le entregara 100 millones de pesos. Toda esta conversación fue grabada por agentes de la DEA, organización que había sido contactada previamente por Lyons.
El 9 de marzo de 2018, la Sala de Casación Penal condenó a cuatro años y diez meses de prisión al exfiscal Moreno por los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada; cargos que aceptó en la acusación, por lo cual recibió una rebaja en su condena.
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Moreno se ha comprometido a declarar en los procesos que se adelantan contra los expresidentes de la Corte Suprema, Leónidas Bustos, Francisco Javier Ricaurte y Camilo Tarquino, así como el exmagistrado Malo Fernández; el excongresista Musa Besaile, entre otros aforados que habrían entregado sobornos para que se desviaran sus procesos ante la Corte.
