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Ante la Corte Suprema de Justicia en un proceso por presunta violación de topes electorales, la excongresista Aida Merlano aseguró que en el 2018 se usaron dineros de la Nación en Barranquilla, para financiar supuestamente la campaña presidencial de Iván Duque.
Según Merlano fueron seis mil millones de pesos que se habrían tomado de 18 mil millones que pertenecían a contratos del Distrito y que habrían sido usados para comprar votos.
“Desviar recursos para seguir manteniendo el poder y parte de esos dineros después hicieron parte de la campaña presidencial al candidato Duque al que Julio Gerlein entregó seis mil millones”, señaló la excongresista.
Merlano explicó que supuestamente el empresario Julio Gerlein era quien financiaba ese tipo de campañas políticas y que “estaba en rojo para ponerse al día con todas las comisiones de los contratos que había recibido el Distrito” y por eso supuestamente, pidió dineros al entonces alcalde de Barranquilla, Alejandro Char con la supuesta mentira de usarlos en su campaña política al Congreso.
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Merlano también aseguró que se usaron dineros del banco Serfinanza y que parte de esos dineros que supuestamente eran entregados a Julio Gerlein no se habrían usado porque iban a ser destinados para la financiación de las presidenciales.
“Existieron las consignaciones y la transferencia de Serfinanza y posteriormente hacia terceras personas con falsos contratos y esos dineros se usaron para saldar deudas y ponerse al día con los contratos que se entregaron en Barranquilla. Existió un carrusel de contratación en el Atlántico y todo con destino político para mantener una hegemonía en el país”, dijo Merlano.
La excongresista añadió que a ella la utilizaron para pagar deudas con recursos del Estado.
“Dos empresarios contratistas y un banco utilizaron sus dineros sus empresas y sus fachadas para utilizar el dinero con fines de corrupción y mafiosos en la ciudad de Barranquilla”, aseveró.
Esta es la segunda investigación que enfrenta Aida Merlano por delitos electorales, en su contra ya pesa una condena de 11 años y 4 meses de prisión por corrupción y compra de votos para llegar al Senado en el 2018.
