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¿Está en riesgo el funcionamiento de la justicia en Colombia por los recortes presupuestales anunciados por el Gobierno? La advertencia la hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, quien aseguró que los recursos asignados para la Rama Judicial no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas para garantizar su funcionamiento durante el próximo año.
El magistrado reconoció la difícil situación fiscal del país y la necesidad de que todas las instituciones hagan ajustes presupuestales. Sin embargo, advirtió que la justicia no puede quedarse sin los recursos indispensables para atender a los ciudadanos y evitar que se profundicen los problemas de congestión judicial.
La preocupación por el presupuesto mínimo
Al hablar de los puntos que le preocupan, Lenis explicó que la principal afectación de la Rama Judicial es que, incluso entendiendo las dificultades económicas del país y los recortes que tendrán que asumir las diferentes entidades del Estado, el presupuesto asignado no alcanza para financiar las necesidades mínimas de funcionamiento.
De acuerdo con el presidente de la Corte Suprema, es necesario insistir en que se necesita garantizar los recursos suficientes para que el acceso a la justicia no se vea afectado y no se generen nuevas barreras para los ciudadanos que acuden a los despachos judiciales.
En sus palabras, el objetivo es conseguir ese presupuesto mínimo que permita mantener la capacidad actual del sistema, sin desconocer la crisis fiscal que atraviesa Colombia.
La justicia podría perder capacidad de atención
Pero ¿qué pasaría si finalmente no se consiguen esos recursos? El presidente de la Corte Suprema fue claro al advertir que el próximo año podrían presentarse momentos muy difíciles para la administración de justicia, porque no habría financiación suficiente para mantener siquiera la capacidad instalada que funciona actualmente.
Una de las consecuencias sería la salida de funcionarios que hoy cumplen labores de descongestión en diferentes regiones del país. Se trata de personal que ayuda a evacuar procesos y atender la carga acumulada en los despachos judiciales.
Lenis puso como ejemplo a Bogotá, donde funcionan jueces de descongestión en el área penal. Si no se garantiza el presupuesto mínimo, la Rama Judicial no podría contar con esos funcionarios durante el próximo año.
Esto significa que algunos despachos podrían perder capacidad de respuesta, en un momento en el que precisamente uno de los mayores reclamos de los ciudadanos es la demora en las decisiones judiciales.
El problema de la congestión judicial
El magistrado también reconoció que la congestión sigue siendo uno de los grandes desafíos de la justicia colombiana. Recordó que a la administración de justicia se le exige cada vez mayor eficacia, pero advirtió que esos resultados dependen también de contar con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios.
Aunque destacó que los procesos de modernización y la incorporación de tecnología están ayudando a mejorar el funcionamiento del sistema, señaló que estas herramientas no son suficientes si no existe financiación para sostener la capacidad de atención que ya tiene la Rama Judicial.
Por eso, la petición de la Corte Suprema no apunta solamente a conseguir más recursos, sino a evitar que los ajustes presupuestales terminen debilitando los servicios que actualmente se prestan a los ciudadanos.
Una justicia que no dependa exclusivamente del presupuesto nacional
Ante este panorama, Iván Mauricio Lenis planteó la necesidad de buscar alternativas de financiación que permitan darle sostenibilidad a la Rama Judicial y evitar que dependa permanentemente, en su mayoría, de las asignaciones del presupuesto general de la Nación.
En ese sentido, el presidente de la Corte Suprema confirmó que están trabajando en esa posibilidad con el Ministerio de Justicia, aunque aclaró que todavía no tienen alternativas concretas para anunciar.
La intención es encontrar mecanismos que permitan generar ingresos permanentes y garantizar una mayor estabilidad financiera para el sistema judicial.
Por ahora, la Corte insiste en que se debe asegurar el presupuesto mínimo para el próximo año, pues de lo contrario podrían verse comprometidos los equipos de descongestión y la capacidad de respuesta de los despachos.
Según Lenis, la advertencia de fondo es que la crisis fiscal no termine trasladándose a los ciudadanos que necesitan justicia. Menos recursos podrían significar menos funcionarios, más procesos represados y mayores tiempos de espera para quienes buscan una decisión judicial.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Por qué la Corte Suprema está preocupada por el presupuesto de la justicia?
Porque los recursos asignados no alcanzan para financiar las necesidades mínimas de funcionamiento de la Rama Judicial y mantener su capacidad actual.
¿Qué servicios podrían verse afectados por los recortes?
Los equipos de descongestión judicial, incluidos los jueces del área penal que trabajan en Bogotá y otras regiones del país.
¿Qué consecuencias tendría la falta de financiación?
Podría reducirse la capacidad de atención de los despachos, aumentar la congestión judicial y prolongarse la espera de los ciudadanos para obtener decisiones.
¿Qué alternativas propone la Corte Suprema?
Buscar mecanismos que permitan generar ingresos permanentes para la Rama Judicial, una propuesta que actualmente se trabaja con el Ministerio de Justicia.
