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El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta acusaciones por soborno, fraude procesal y soborno en la actuación penal, se aplazó hasta nueva orden.
La diligencia, estaba programada para el 23 de enero, pero no se llevará a cabo debido a que el Tribunal Superior de Bogotá aún no ha resuelto los recursos de apelación presentados por la defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, ni por la Procuraduría.
El aplazamiento es básicamente porque el tribunal aún no se pronuncia sobre la controversia relacionada con el decreto probatorio emitido por la juez 44 de Conocimiento de Bogotá.
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El recursoincluye la solicitud de la defensa y la Procuraduría de excluir como prueba las interceptaciones telefónicas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en 2018, entre el expresidente Uribe y su abogado, Diego Cadena.
Estos audios son considerados una pieza clave en el caso, pero las partes defensoras argumentan que no deben ser admitidos como pruebas en el juicio.
El 28 de noviembre de 2024, durante una diligencia, Bladimir Cuadro, delegado del Ministerio Público, solicitó al Tribunal de Bogotá que reconsiderara la decisión de la juez y revocara la inclusión de las 28 interceptaciones de comunicaciones entre abogado y cliente.
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La controversia sobre estas interceptaciones se ha convertido en un punto central en el proceso judicial que enfrenta Uribe. La defensa del expresidente ha insistido en que las grabaciones son ilegales y que deben ser excluidas del proceso, mientras que la Procuraduría y otros actores judiciales consideran que las pruebas son fundamentales para la investigación.
Por el momento, el aplazamiento de la audiencia deja en suspenso el inicio de un juicio que ha captado gran atención mediática y la decisión final sobre la inclusión de las pruebas y la fecha del juicio dependerá de los pronunciamientos del Tribunal Superior de Bogotá en las próximas semanas.
