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Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, presentó de manera formal ante el Tribunal Superior de Bogotá la apelación con la que busca se revoque la condena de 12 años de prisión domiciliaria que le fue impuesta al exmandatario como determinador de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
A través de un extenso escrito de 904 páginas, la defensa planteó que en su fallo de condena la juez 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, incurrió en “una serie de errores de hecho y de derecho a partir de apreciaciones notoriamente sesgadas, que comprometieron gravemente la integridad del acierto y la legalidad de la mencionada decisión judicial en menoscabo de los intereses y la presunción de inocencia del doctor Álvaro Uribe Vélez”.
En el escrito de apelación la defensa aseguró al Tribunal que "la presente impugnación tiene como finalidad que el superior funcional revise con detenimiento los yerros aquí señalados y restablezca las garantías y derechos afectados, a partir de los siguientes ejes argumentativos constitutivos de errores judiciales".
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Así mismo, la defensa insiste en que hay una serie de pruebas técnicas, documentales, y testimoniales que permiten ampliamente desmostar que el expresidente nunca determinó, ni impartió instrucción alguna para presionar o sobornar a testigos.
En el contexto de esta apelación el abogado Jaime Granados, en su momento, dejó en claro que ni la defensa, ni el propio expresidente Uribe se valieron de maniobras dilatorias para afectar el curso del proceso penal en su contra como lo señala la juez de primera instancia.
Este recurso se suma a la tutela que también fue instaurada por la defensa en la que se señala que esta sentencia “trasgredió de forma grave los derechos fundamentales a la dignidad, debido proceso, presunción de inocencia y libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez, al haber ordenado la privación de su libertad de forma inmediata a pesar de que la condena proferida, en su contra, no se encuentra en firme”.
Por su parte, el presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Fabio David Bernal Suárez, garantizó que los magistrados encargados de resolver la apelación de la condena contra el expresidente Álvaro Uribe cuentan con toda la idoneidad, suficiencia y experiencia para definir si ratifican o revocan esta sentencia de 12 años de prisión domiciliaria.
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Así mismo, sostuvo que los magistrados Alexandra Ossa Sánchez, Manuel Antonio Merchán Gutiérrez y María Leonor Oviedo Pinto, encargados de resolver el correspondiente recurso de apelación cuentan con una amplia trayectoria en la rama judicial.
“Son personas en carrera, calificados cada dos años en idoneidad y suficiencia. Lo harán con el saber que dice relación al contenido de las pruebas y la persuasión racional cuando valoren con guías como las del artículo 404 del Código de Procedimiento Penal" , dijo.
El presiente de la Sala Penal del Tribunal enfatizó: “Luego no hay temor de que actuarán con imparcialidad, transparencia, autonomía e idoneidad suficiente”.
El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá autorizó la suspensión del reparto de tutelas a una sala de magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, con el fin de que puedan resolver con celeridad la apelación que presentará la defensa del expresidente Álvaro Uribe con la que busca que sea revocada la condena de 12 años de prisión domiciliaria.
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Por tratarse de un caso de connotación nacional, desde el 5 al 20 de agosto de 2025, los tres magistrados de la Sala Penal Número 19, integrada por los Alexandra Ossa Sánchez, Manuel Antonio Merchán Gutiérrez y María Leonor Oviedo Pinto, podrán dedicarse a resolver la segunda instancia en el caso Uribe, sin que existan acciones de tutela en trámite.
Así mismo, la Judicatura creó tres despachos transitorios en el Tribunal parea que atiendan procesos distintos al del expresidente, con el fin de que de los magistrados a cargo de este caso se puedan dedicar a resolver de manera exclusiva la apelación de la defensa del exmandatario.
Una decisión importante teniendo en cuenta que estos tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá tienen hasta el próximo 16 de octubre para resolver en segunda instancia si confirman o revocan esta condena o de lo contrario, el proceso contra el expresidente podría prescribir.
