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Sigue el escándalo por el predio La Mandinga ubicado en el municipio de Cáceres, ahora la Agencia Nacional de Minería abrió un proceso administrativo contra la titular del proyecto minero ODH-08201, Hermelina Isabel Cardozo Calle, tras identificar incumplimientos en sus obligaciones técnicas.
La decisión se conoce en medio de la polémica por la mina ubicada en la vereda Río Man, donde también intervienen autoridades ambientales y el Gobierno nacional por denuncias sobre su cercanía con el Batallón Rifles N.° 31.
El caso se vuelve aún más relevante porque ocurre en paralelo al debate público que generó una investigación internacional sobre la minería en el Bajo Cauca antioqueño.
En este contexto, la Agencia no solo revisa la legalidad del proyecto, sino que ya emitió requerimientos formales a la titular minera por fallas en la documentación obligatoria para operar.
Incumplimientos bajo la lupa
De acuerdo con el expediente, el principal problema detectado es la falta de actualización del Programa de Trabajos y Obras (PTO), un documento técnico esencial que define cómo se explota el yacimiento.
Este requisito ya había sido solicitado previamente por la autoridad minera, incluso bajo advertencia de sanción, pero no ha sido entregado conforme a lo exigido.
Además, se identificaron vacíos en reportes clave como declaraciones de producción y regalías, varios de ellos presentados en ceros o sin los soportes completos.
Riesgo de sanciones
La Agencia Nacional de Minería advirtió que, de persistir estos incumplimientos, la titular podría enfrentar sanciones económicas o incluso la caducidad del contrato.
Esto significaría, en el escenario más extremo, la pérdida del título minero otorgado para explotar oro en esta zona del Bajo Cauca.
También se recomendó realizar una visita de inspección para verificar en terreno el estado real de las operaciones.
Dos realidades en Mandinga
El caso de Mandinga no es uno solo. Según Corantioquia, en la zona existen dos situaciones distintas.
Por un lado, está el proyecto asociado al título ODH-08201, que cuenta con licencia ambiental temporal desde 2022 dentro de un proceso de formalización minera.
Por otro, hay un segundo polígono que no tiene licencia ambiental aprobada, por lo que cualquier actividad allí sería considerada informal.
El contexto que encendió la polémica
El tema tomó fuerza luego de que una investigación del diario The New York Times señalara la presencia de actividades mineras en predios cercanos a instalaciones militares.
Esto generó cuestionamientos sobre posibles operaciones ilegales dentro o alrededor del Batallón Rifles N.° 31.
Ante la situación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, visitó la zona junto con autoridades civiles y militares para verificar los hechos.
Gobierno y control territorial
Tras la inspección, el Gobierno aseguró que está haciendo seguimiento al caso y que tomará decisiones con base en la información técnica recopilada.
La presencia institucional en el Bajo Cauca busca dar claridad frente a versiones que apuntaban a explotación ilegal en terrenos militares.
Mientras tanto, el proceso contra la titular minera avanza en paralelo, en un escenario donde se cruzan la legalidad de los títulos, el control ambiental y las denuncias sobre economías ilegales en la región.
Este nuevo capítulo deja claro que, más allá del ruido político, el caso Mandinga ahora también pasa por el terreno técnico y jurídico, donde serán las autoridades las que definan el futuro del proyecto.
