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Este 2021 estará plagado de varias noticias que serán trascendentales para el futuro del país. Los magistrados de las Altas Cortes tendrán una tarea monumental en torno a decisiones que trazarán la línea ambiental que debe seguir el Gobierno en materia de fracturamiento hidráulico y tendrán que pronunciarse también frente al tema del aborto.
Se espera que en el primer semestre del año el Consejo de Estado tome una decisión de fondo sobre la demanda que tiene frenado el uso de la técnica del fracking.
Desde el año pasado, el magistrado Ramiro Pazos de la sección tercera alista el proyecto de fallo que presentará a la Sala para definir si se mantiene o se tumba el Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y la resolución 90341 del 27 de marzo de 2014, expedidos por el Ministro de Minas y Energía que abrió la puerta a la técnica.
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Sobre mismo tema, también se espera que el magistrado Nicolás Yepes de la misma sala, decida si el viable o no el decreto 328 que expidió el Gobierno del presidente Iván Duque, con el cual se fijan los lineamientos para adelantar proyectos piloto de fracking.
Por su parte, se espera que los magistrados de la Corte Constitucional en los primeros meses del año tomen una decisión de fondo sobre el aborto.
Actualmente hay cuatro demandas que piden eliminar el artículo 122 del código penal, el cual impone hasta cuatro años de prisión para quien lo practique.
En ese punto la Corte tiene varios caminos: se puede eliminar la norma, se puede mantener o se puede abstener de tomar una decisión, dejándole la modificación del código al Congreso de la República.
Parece ser que esa última posibilidad empezaría a tomar fuerza en los pasillos de la Corte, sin embargo, se deberá esperar que en sala plena los nueve magistrados tomen una decisión de fondo.
La Corte también tiene en sus mano otras decisiones que podrían favorecer a las mujeres. La primera tiene que ver con una demanda contra el código sustantivo del trabajo, con la cual se busca eliminar casos discriminación contra las mujeres en los escenarios laborales.
Esa demanda busca modificar o eliminar la expresión: “especificaciones de las labores que no deben ejecutar las mujeres y los menores de dieciséis (16) años”, que -según el demandante- permite al empleador decidir sobre las actividades que deben o no realizar las mujeres en un escenario laboral.
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La demanda dice que ese punto de la norma vulnera los derechos al trabajo, la igualdad y la dignidad humana ya que deja marcada una diferenciación entre hombres y mujeres en el entorno de trabajo.
También se espera decisión sobre mantener o eliminar el impuesto a la copa menstrual. Aunque el Gobierno ya planteó que el impuesto se debe mantener bajo el argumento de que no traería un costo beneficio para las mujeres que la usarían, organizaciones como la Mesa por la Vida y la Salud de Las Mujeres y la Fundación Oriéntame le han explicado a la Corte que la copa menstrual también es un producto de necesidad y no un producto de lujo.
Esas organizaciones, plantean que podría ser una opción más económica para las mujeres de bajos recursos, pues tiene un tiempo de vida de por lo menos 10 años, es decir es reusable.
