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El Gobierno, representado en el Ministerio de Justicia y del Derecho, presentó ante la Corte Constitucional un concepto que aprueba una petición de nulidad que presentó un grupo de ciudadanos para tumbar el fallo que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación.
Según el Gobierno, en este caso habría cosa juzgada y se habrían presentado supuestas irregularidades en el estudio de las ponencias que presentaron los magistrados Alberto Rojas Ríos y Antonio José Lizarazo.
El concepto asegura que el resolutivo de la ponencia de Lizarazo fue distinto al que se presentó en la sesión del 20 de enero, fecha en la cual hubo un empate en la Sala y por lo cual se escogió al conjuez Julio Andrés Ossa para desempatar.
En ese sentido, se conoció que la participación del conjuez Julio Andrés Ossa habría sido inadecuada, por cuanto intervino en un debate sobre un resolutivo distinto al que se presentó en la sala del 20 de enero.
“El conjuez que se sorteó para desempatar la votación realizada el 20 de enero de 2022 sobre la ponencia que propuso la inexequibilidad del artículo 122 del Código Penal, ni siquiera se pronunció sobre dicha ponencia, sino sobre la alternativa de resolutivo que propuso la declaratoria de exequibilidad condicionada, la cual no se había discutido y mucho menos se había votado, razón por la cual la intervención del Conjuez Julio Andrés Ossa Santamaría en la Sala del 21 de febrero de 2022 fue a todas luces improcedente”, dice uno de los apartes del texto.
El concepto va de la mano con un salvamento de voto que presentó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien advirtió que “se cambió el resolutivo que ya se había votado en la Sala Plena el 20 de enero de 2022 y que había quedado empatado y, en su lugar, se propuso un resolutivo alternativo”.
El Ministerio de Justicia advierte que la decisión sobre la despenalización del aborto “se realizó respecto del texto resumen propuesto y no frente a la ponencia que había sido votada por la Sala Plena en sesión del 20 de enero de 2022, que resultó en un empate”.
La petición del Ministerio de Justicia también va de la mano con una petición de nulidad que presentó la Universidad de la Sabana, que afirmó que la decisión se tomó sin las mayorías exigidas por la ley y violó los “principios de congruencia e independencia y la cosa juzgada constitucional”.
La universidad también advirtió que la decisión de la Corte “ni incluyó ninguna medida concreta de protección del que está por nacer en relación con su vida, o para prevenir estos tratos crueles, inhumanos y degradantes” violando así “los derechos de los seres humanos en gestación”.
