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La Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario a Ramón Navarro Pereira, Julia Margarita Serrano Monsalvo y Ramón Heráclito Hermes Redondo, gerentes generales de la Triple A, como parte del proceso que se adelanta por la ejecución irregular del contrato de asistencia técnica entre Interamericana de Aguas y Servicios S.A (INASSA) y la sociedad Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A E.S.P..
El Ministerio Público estableció que la empresa Triple A, desde el año 2000, venía pagando a INASSA una remuneración derivada del citado contrato, que mensualmente era en promedio de $1.600 millones, "lo que anualmente representaba una remuneración aproximada de $19.600 millones de pesos, y lo que significa que durante la vigencia del contrato ese pago superó los $237.000 millones de pesos, equivalentes a acerca de $80 millones de dólares".
Según recordó la Procuraduría, el pasado 8 de septiembre una comisión disciplinaria interna, creada para investigar hechos de corrupción relacionados con la Triple A, inició indagación preliminar sobre este contrato de asistencia técnica, suscrito el 31 de marzo de 2000, por Luis Nicolella De Caro, en representación de INASSA, y Francisco Olmos Fernández, de la Triple A, y subrogado por las partes cinco meses después (4 de septiembre), pactándose su plazo hasta el 19 de octubre de 2033.
Ante este escenario, el Ministerio Público estableció que el objeto del contrato consistió en “la prestación de asistencia técnica en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica respecto a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo”, servicios por los cuales la Triple A remuneraría a INASSA mensualmente con el 4.5% del recaudo que por concepto de servicios ingresaban al patrimonio de la sociedad, en la que el Distrito de Barranquilla tiene el 14.5% del capital social.
De igual forma, el ente de control revisó la contabilidad de las empresas involucradas en la ejecución del contrato que reposaban en la Triple A y no encontró soportes ni evidencias que acreditaran que dicha asistencia técnica se estuviere prestando.
Tras lo descubierto, la Procuraduría solicitó a la Triple A, el pasado 30 de octubre, la suspensión de la ejecución del contrato de asistencia técnica, lo que evitó que desde noviembre se hiciera un giro a INASSA de $4.800 millones.
También formuló cargos a los implicados por haber permitido que INASSA se apropiara de recursos de propiedad del Distrito de Barranquilla, al autorizar que con dineros sobre los cuales la entidad territorial tenía derechos accionarios del 14.5% se efectuaran pagos remuneratorios de una presunta asistencia técnica, pese a que no existe evidencia de la prestación de los servicios objeto del contrato.
"La falta imputada a los representantes legales de la Triple A consiste en apropiarse, directa o indirectamente, en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente, la cual fue calificada como gravísima a título de dolo para los señores Ramón Navarro Pereira y Julia Margarita Serrano Monsalvo, y de culpa gravísima para Ramón Heráclito Hermes Redondo", señaló el Ministerio Público.
Así mismo, trasladó copias de las diligencias a la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa para que analice las acciones procedentes en defensa de la legalidad, del patrimonio público y de la moralidad administrativa.
Líneas de investigación
El Ministerio Público reveló otras líneas de investigación en relación con la Triple A, entre ellas, el proceso de capitalización y descapitalización de la compañía, que condujo a la reducción del capital público del 85% al 14.5%, en relación con el cual la Procuraduría interviene en una acción popular, instaurada para defender el patrimonio público.
También actos de corrupción relacionados con la simulación de órdenes de servicio para beneficiar a terceros, por cerca de $27 mil millones de pesos.
Así como la administración y manejo de los recursos que el Distrito de Barranquilla transfiere a la Triple A por concepto de subsidios, por el orden de $70.000 millones de pesos.
