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En el 2021 la Corte Constitucional tumbó el Acto Legislativo que creaba la cadena perpetua para violadores de menores edad, pero curiosamente ese debate volvió a la Corte por cuenta de una demanda contra la ley que reglamenta esa norma que ya se cayó.
La demanda es contra la ley 2098 de 2021 y dice que viola varios artículos de la constitución que prohíbe la cadena perpetua; también dice que impide una resocialización de las personas condenadas y les viola su dignidad humana.
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“Reglamentar la prisión perpetua es manifiestamente contrario al artículo 34 de nuestra Constitución Política (…) Así las cosas, una ley que tiene como objetivo modificar las leyes existentes para que se ajusten a una reglamentación de una pena como la prisión perpetua resulta en un completo y evidente vicio de contenido”, se lee en el documento.
Sobre el tema la Procuraduría envió un concepto en el que le dice a la Corte que no se pronuncie por cuanto la norma principal que creaba la cadena perpetua se cayó y por ende su reglamentación no tendría ningún efecto jurídico.
“Frente a la ley 2098 de 2021 operó el fenómeno denominado inconstitucional sobreviniente desde el momento en que fue declarado inexequible el Acto Legislativo 01 de 2020”, dice el concepto de la Procuraduría.
La Procuraduría añade que “por consiguiente no procede un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional (…) en esta ocasión debe entenderse derogado tácitamente”.
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En el 2021 la Corte con ponencia de la magistrada Cristina Pardo determinó que en el país no puede haber cadena perpetua, porque se desconocía la dignidad humana de los condenados.
Esa decisión de la sala plena de la Corte se tomó con los votos de los magistrados Cristina Pardo como ponente de caso, Alberto Rojas Ríos, Alejandro Linares, José Fernando Reyes, Diana Fajado y Jorge Ibáñez.
