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La multinacional Uber advirtió al Estado colombiano su intención de adelantar un millonario pleito internacional tras la decisión del Gobierno de bloquear la plataforma en el país, de no lograrse que la disputa se resuelva amistosamente.
La compañía entregó un documento, que ya está en poder la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado.
Entre los argumentos que ha entregado la multinacional Uber para defenderse de la decisión adoptada el pasado 20 de diciembre por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), es que Colombia estaría violando el Tratado de Liber Comercio (TLC), con Estados Unidos.
Además, señala que "en consecuencia, Uber es un inversor protegido de los Estados Unidos y Uber Colombia es una empresa protegida en virtud del Tratado”.
Además, la compañía calificó como arbitraria la decisión y discriminatoria argumentando que fue "impulsada por presiones políticas de los intereses nacionales para que la República prohíba a Uber en Colombia y anule las inversiones de Uber”.
Aseguró que "en los tratados de protección de inversión está una primera etapa en la que el Estado y el inversionista se sientan a resolver la controversia".
La Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio de Comercio serán los encargados de dirigir las reuniones entre Uber y el gobierno, con el ánimo de lograr que las partes resuelvan el conflicto a través del diálogo.
Los argumentos de Uber
De acuerdo con Uber, la orden fue emitida bajo "circunstancias cuestionables" ya que la citación legal fue publicada el último día del calendario judicial en Colombia con la aparente intención de impedir su revisión inmediata en apelación.
"Además, en un aparente esfuerzo concertado contra Uber", la orden de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) fue precedida por una que la Superintendencia de Transporte impuso a Uber Colombia en un tiempo récord, "sin siquiera brindarle a Uber Colombia la oportunidad de revisar las quejas que supuestamente llevaron a la sanción".
La multinacional asegura, además, que "la orden ilícita de la República de bloquear la Plataforma Uber en Colombia también constituye un acto de censura en contravención de los instrumentos internacionales de los derechos humanos que protegen la neutralidad de la red, la libertad de expresión en internet y la libertad del uso de internet".
En el documento, que está en manos del presidente Iván Duque, Uber señala que "busca una resolución de la disputa mediante consulta y negociación y a, tal efecto, solicitar reunión con usted (Presidente Duque) o con el alto funcionario del gobierno que desee designar".
Sin embargo, advierte que en caso de que el gobierno se niegue a negociar o no lo haga de 'buena fe', "la intención de Uber es presentar la disputa para su resolución mediante arbitraje vinculante en virtud con el artículo 10.15 y 10.16 del TLC".
En respuesta, en diálogo con La FM, Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, afirmó quela carta de intención "es una etapa de pre litigio antes de que se proceda a presentar una demanda la cual podría durar cerca de seis meses".
Indicó que en los próximos días establecerán contacto con los representantes de la compañía para sostener las respectivas conversaciones "para saber si existe razón alguna de parte de Uber en cuanto a la violación con el tratado con EE.UU.".
Sin embargo, señaló que no se discutirá la normatividad de la aplicación en el país. “Esos acuerdos se pueden lograr siempre y cuando no vulnere las leyes colombianas", señaló.
Sobre el argumento que ha presentado Uber en el que manifiestan que el bloqueo a la plataforma responde a intereses políticos, Gómez señaló que "las medidas que adoptó la Superintendencia no son políticas sino jurídicas".
