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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió estudiar una demanda en contra del presidente Gustavo Petro y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por la supuesta omisión ante el alarmante aumento de casos de reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales en diferentes zonas del país.
Esta demanda se sustenta, entre otros aspectos, en las preocupantes cifras de la Defensoría del Pueblo que destacan que solo en 2024 se registraron un total de 463 casos de reclutamiento forzado, que afectaron a 279 niños y adolescentes y a 184 niñas y adolescentes.
Sumado a ello, se advierte que en lo corrido de este año, la Defensoría del Pueblo ha recibido reportes de nuevos casos de reclutamiento ilícito de menores en zonas como los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander y Santander.
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En esta acción judicial se plantea que ante el aumento de la violencia en el país, la expansión de grupos armados ilegales, la falta de garantías para la seguridad en las regiones, las deficiencias en la infraestructura de salud y las barreras de acceso a educación, entre otros servicios esenciales, han facilitado y agravado el reclutamiento forzado.
En el documento de la demanda se señala que esta acción popular se relaciona “con la presunta violación de los derechos colectivos de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial protección constitucional a la paz, la seguridad pública, la salubridad pública y el acceso a los servicios públicos de educación, salud y domiciliarios y a que su prestación sea eficiente y oportuna como consecuencia del reclutamiento forzado al que vienen siendo sometidos”.
Esta demanda fue instaurada por parte de la Fundación para el Estado de derecho y fue admitida para su estudio por parte del magistrado Felipe Alirio Solarte Maya.
“A pesar de la obligación constitucional del Estado de garantizar la paz, la seguridad pública y el acceso a derechos fundamentales, la respuesta institucional ha sido insuficiente. Las medidas implementadas hasta ahora no han sido efectivas, aisladas y sin mecanismos de evaluación claros, lo que perpetúa la impunidad y permite que miles de niños y adolescentes sean víctimas de reclutamiento, abuso y explotación”, se indica en la demanda.
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El demandante enfatizó que es necesario que las autoridades implementen medidas urgentes para la protección de los menores, tales como incluir compromisos frente al reclutamiento en las mesas de conversación con los grupos armados ilegales y brindar asistencia técnica del Gobierno a los equipos de acción inmediata, priorizando los territorios con mayor índice de reclutamiento.
Así mismo, se señala que es urgente coordinar esfuerzos estatales para fortalecer la prevención de este fenómeno criminal y formular programas medibles que permitan evaluar su efectividad en la protección de los niños y adolescentes frente al reclutamiento forzado, entre otras acciones.
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