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La Procuraduría General de la Nación aseveró que la superintendencia de Industria y Comercio le violó el debido proceso y el derecho a la defensa a la Organización Roa Florhuila y a cuatro de sus directivos cuando multó a la empresa a pagar una multa de $ 33.800 millones de pesos por haber influenciado los precios de venta de arroz blanco al consumidor final, lo cual implicaba una violación al régimen de libre competencia.
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En la providencia enviada al despacho del superintendente Pablo Felipe Robledo, el Ministerio Público le solicitó resolver todos los recursos y argumentos planteados por los investigados, los cuales fueron rechazados por ese despacho, a pesar de ser entregados a tiempo para defenderse de la millonaria multa.
Esta multa fue impuesta el pasado mes de abril por la Superintendencia al descubrir que la Organización obligo a los distribuidores y comercializadores de arroz blanco, a no trasladar al consumidor final los descuentos que les otorgaban Molinos Roa y Molinos Florhuila, y de esa forma controlar artificialmente los precios de su arroz en Colombia bajo la advertencia de que si incumplían su orden suspenderían los suministros de arroz por un período de tiempo.
