La FM en Google News
La Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud para anular el proceso contra la exsenadora Aida Merlano Rebolledo por su presunta participación en la compra de votos para los comicios que se celebraron en marzo de 2018.
La defensa de la excongresista manifestó que este proceso no podía ser adelantado por la Corte Suprema puesto que no es el juez natural de Merlano ya que había dejado su fuero de congresista el 19 de julio de 2018.
Lea también: Aida Merlano denuncia irregularidades en allanamientos a su sede de campaña
Igualmente se reseñó que las conductas por las que es investigada no tienen relación con su cargo de congresista, por lo que debía pasar de manera inmediata a la justicia ordinaria.
La defensa de la exsenadora -cuya investidura fue anulada por el Consejo de Estado- buscaba tumbar todas las decisiones tomadas por la Sala Penal de la Corte Suprema, entre las que se encontraban la medida de aseguramiento y el llamamiento a juicio.
Los abogados de Merlano presentaron un recurso de revisión ante esta decisión indicando que solamente fallaron dos de los nueve magistrados que conforman esta Sala.
Lea también: Corte Suprema abrió nueva investigación contra Aida Merlano
La defensa de Merlano ha sostenido que existen fallas en la recolección de las pruebas por parte de la Fiscalía General en la 'Casa Blanca', la sede de campaña de Merlano en Barranquilla.
En este sentido manifestaron que los agentes del CTI había ubicado una serie de elementos que luego fueron recolectados como pruebas en contra de la dirigente política.
La excongresista, quien se encuentra privada de su libertad en la cárcel de El Buen Pastor de Bogotá, es procesada por presuntamente entregar altas sumas de dinero para comprar votos.
En el escrito de acusación se manifiesta que hizo parte de una compleja red que contactaba potenciales votantes en la capital del Atlántico.
En el allanamiento hecho por el CTI a su sede política se encontraron certificados electorales, calcomanías con un código QR para poder realizar un seguimiento, así como 268 millones de pesos en efectivo y armas de fuego.
Es acusada de haber cometido los delitos de corrupción al sufragante agravado; ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones y concierto para delinquir.
El Consejo de Estado le decretó su pérdida de investidura al considerar que había superado los topes financieros para una campaña política.
Igualmente la Procuraduría General le abrió una investigación disciplinaria por la compra de votos.
