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El procurador General, Fernando Carrillo, dijo que aunque la ley permite beneficios judiciales a los reclusos, el país no podría permitir excarcelaciones masivas a quienes han afectado el patrimonio público.
Frente a ello, la Procuraduría anunció la creación de un grupo especial de procuradores que se encargará de vigilar los grandes escándalos de corrupción.
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“Los beneficios penales no pueden ponerse en marcha como si se tratara de un delito menor, no se puede comparar a una persona que se robó una gallina, con quien defraudó el fisco fiscal en miles de millones”, dijo Carrillo.
El funcionario aseguró que existe una alta probabilidad de que los jueces de la República continúen emitiendo los beneficios que recibieron los condenados por el carrusel de los contratos, como Emilio Tapia, Guido Nule y Mauricio Galofre.
“Esto lesiona la confianza de la administración de justicia, genera desconfianza en la ciudadanía con respecto a las instituciones de justicia”, advirtió.
Carillo señaló además que los procuradores judiciales en materia penal se encargarán de “ponerle la lupa a los procesos de macrocorrupción”.
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Respecto a las libertades de los condenados por el carrusel, el Procurador recordó que en todos los escenarios la justicia aumentó la condena a los miembros del Grupo Nule, al parecer, decisiones que no tuvieron en cuenta los jueces de Barranquilla que otorgaron los beneficios.
Según el Procurador, en el escándalo de corrupción se sobrepasaron los 160 mil millones de pesos, “la magnitud del delito que se cometió y así los beneficios penales no pueden ponerse en marcha”.
Carrillo advirtió que existe alta probabilidad de que los jueces continúen emitiendo libertades a los corrupcion por aplicación de la ley
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