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La Procuraduría General solicitó imponer medida de aseguramiento en contra de los magistrados Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño, señalados de supuestamente hacer parte de una red de funcionarios judiciales que favorecía a miembros de bandas criminales y otra serie de delincuentes.
El expediente señala que estos tres magistrados en el primer semestre de 2013 supuestamente recibieron 150 millones de pesos, como parte de una promesa por mil millones de pesos para favorecer a través de un recurso de apelación a una pareja que fue condena por homicidio y tentativa de homicidio.
"También recibieron el pago de estadía en un balneario con todos sus consumos, incluyendo licores, así como el pago de servicio de compañía de mujeres", dijo en su momento la fiscal del caso.
Según la fiscal, presuntamente en el segundo semestre de 2016, esa promesa de pago de sobornos fue elevada a tres mil millones de pesos.
De acuerdo con las pruebas, los magistrados investigados favorecieron principalmente a exmiembros de autodefensas que luego de su desmovilización mutaron a otras organizaciones criminales que delinquían en Villavicencio y otras zonas del país.
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