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La crisis humanitaria en la región del Catatumbo vuelve a encender las alarmas. En las zonas rurales de los municipios de Tibú y El Tarra, en Norte de Santander, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc han dejado a miles de personas atrapadas en medio del conflicto armado, sin garantías de movilidad ni acceso a atención básica.
De acuerdo con líderes sociales y defensores de derechos humanos, alrededor de 7.000 familias permanecen confinadas, mientras que unas 500 personas han logrado salir de sus territorios en medio del riesgo y la incertidumbre.
Los combates en la vía Tibú–La Gabarra
Uno de los puntos más críticos se ubica en el kilómetro 16 de la vía que comunica a Tibú con el corregimiento de La Gabarra, donde se reportaron enfrentamientos de gran intensidad. Así lo confirmó a La FM Olguín Mayorga, representante de las víctimas en Norte de Santander.
Según explicó, los choques armados obligaron a numerosas familias a buscar refugio improvisado en escuelas e iglesias, ante el temor de quedar en medio de los disparos. Muchas de estas personas abandonaron sus viviendas solo con lo puesto, sin posibilidad de llevar alimentos o elementos básicos.
Familias atrapadas sin ayuda humanitaria
La situación resulta aún más delicada debido a la presencia de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores entre la población confinada. Mayorga advirtió que varias comunidades pasaron horas sin agua ni alimentos, además de no contar con atención médica oportuna.
A este panorama se suma un factor que agrava la emergencia: las amenazas contra el personal de salud en la zona del Catatumbo. De acuerdo con los líderes sociales, médicos y enfermeras no han podido ingresar a algunos sectores rurales por razones de seguridad, lo que deja a la población civil en una situación de alta vulnerabilidad.
Solicitan corredor humanitario
Ante el aumento de los enfrentamientos, las organizaciones sociales y comunitarias han solicitado que los grupos armados faciliten un corredor humanitario que permita la salida segura de las familias que aún permanecen confinadas.
“El llamado es urgente. La población civil no puede seguir atrapada en esta confrontación”, señaló Mayorga, quien insistió en la necesidad de garantías mínimas para evacuar a quienes desean abandonar la zona.
Reclamos por la respuesta del Gobierno Nacional
El representante de las víctimas también expresó su preocupación por lo que considera una respuesta insuficiente del Gobierno Nacional frente a esta nueva emergencia. Recordó que la crisis no es reciente y que los enfrentamientos se mantienen desde mediados de enero, lo que ya completa 11 meses de afectaciones constantes.
Durante este periodo, miles de familias han sufrido desplazamientos forzados. Algunas lograron retornar a sus territorios, pero hoy se encuentran nuevamente confinadas por la presencia de los grupos armados ilegales.
Navidad marcada por la violencia
La situación se agravó durante la temporada decembrina. Según Mayorga, desde el 24 de diciembre se registraron nuevos hechos de violencia en zonas rurales de Tibú. En ese contexto, dos mujeres resultaron heridas tras pisar campos minados, en hechos ocurridos en diferentes momentos.
Estos incidentes reflejan el riesgo permanente que enfrenta la población civil, incluso en fechas tradicionalmente asociadas con reuniones familiares y celebraciones.
Llegada de desplazados a Tibú y Cúcuta
En las últimas horas, alrededor de 500 personas, entre niños y adultos, han llegado al casco urbano del municipio de Tibú en busca de protección. A esto se suma la llegada de unas 300 personas a la ciudad de Cúcuta, según reportes de organizaciones humanitarias.
Las autoridades locales y los organismos de ayuda continúan evaluando la magnitud de la emergencia, mientras las comunidades del Catatumbo esperan acciones concretas que les permitan recuperar condiciones mínimas de seguridad y dignidad.
