Procuraduría investiga millonario contrato por servicios TIC de más de $37.000 millones

Por estos hechos será investigado el subgerente de operaciones Enterritorio, Fabián Darío Romero Moreno.
Procuraduría
Investigación disciplinaria por contrato TIC de 37 mil millones. Procuraduría indaga presuntas irregularidades en adjudicación. Crédito: Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en la adjudicación y suscripción de un contrato superior a los 37.000 millones de pesos para servicios tecnológicos de información y comunicaciones (TIC)

Los hechos objeto de investigación se derivaron de un proceso de selección, tramitado por Enterritorio, -Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero, adscrita al Departamento Nacional de Planeación (DNP) - con un presupuesto estimado que supera los $ 37 mil millones, para la prestación de servicios integrales de TIC, con el fin de realizar la administración, operación, mantenimiento y gestión de su plataforma tecnológica.

En el marco de este expediente, la Procuraduría General de la Nación determinó abrir investigación disciplinaria contra el entonces subgerente de operaciones de la Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial, Enterritorio, Fabián Darío Romero Moreno, para determinar si incurrió o no en algún tipo de falta de carácter disciplinario.

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Según las investigaciones, a uno de los proponentes no se le asignó el puntaje establecido en los términos y condiciones de la contratación por emprendimientos y empresas de mujeres y vinculación de personal con discapacidad pese acreditar los requisitos solicitados por la entidad pública, con el cual pudo resultar adjudicatario en la invitación señalada.

Así mismo, se señala que presuntamente, a pesar de que el consorcio presentó observaciones a las evaluaciones de las ofertas advirtiendo los errores en las mismas, Enterritorio no habría tomado en consideración los argumentos del proponente.

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En atención a los hechos indagados, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la práctica de pruebas documentales para verificar la ocurrencia de la conducta; determinar si esta es constitutiva o no de falta disciplinaria, o establecer si Romero Moreno, ordenador del gasto del proceso de invitación pública, habría actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.


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