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Entre la noche del 10 de agosto, el día en que toda agenda en Colombia se vio interrumpida por un terremoto sin precedentes en el país, y la madrugada del 11, el presidente Abelardo de la Espriella informó que acababa de concluir “una importante reunión en el Ejército” y que tenía “un gran anuncio para Colombia”.
Con un video en sus redes sociales, anticipó que revelaría los resultados de una operación militar. Se trata del primer bombardeo de su gobierno, cuatro días después de tomar posesión. Las Fuerzas Militares lo ejecutaron en distintas veredas de Tibú y San Calixto, en Norte de Santander, contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La guerrilla activa más antigua de América inició una ofensiva en Catatumbo, una convulsa región fronteriza con Venezuela —donde el régimen del depuesto Nicolás Maduro les ofrecía refugio—, en 2025 para arrebatarle territorios clave al Frente 33, una disidencia de las Farc que dialogaba con la administración de Gustavo Petro.
Un año después de que el drama estallara, las Naciones Unidas cifraban en más de cien mil el número de personas desplazadas forzosamente. La Unidad para las Víctimas, en diciembre de 2025, precisaba que el desplazamiento golpeó a 102.857 personas; las amenazas, a 8.222, y el confinamiento, a 6.405.
Así que la presencia del ELN solo genera zozobra. La noche de aquel lunes, las Fuerzas Militares sobrevolaron la vereda El Sinaí, de San Calixto, en límites con El Tarra, y bombardearon a los armados. Tres campesinos civiles resultaron impactados. La Defensoría del Pueblo revisó las “posibles afectaciones a la población civil”.
El Ministerio Público le pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar quiénes fueron los responsables de las lesiones, pues, aunque inicialmente sospechaba que la fuerza pública pudo provocarlas con el bombardeo, las verificaciones posteriores constataron que las heridas fueron consecuencia del uso de explosivos.
“Se deben adelantar las actuaciones correspondientes para que las autoridades judiciales competentes establezcan si la responsabilidad es de la fuerza pública o de un grupo armado ilegal”, sostuvo la entidad humanitaria estatal. Los elenos usan explosivos en drones modificados para hostigar a la fuerza pública.
Hoy por hoy, las Fuerzas Militares conservan la última cúpula que dispuso el gobierno de Gustavo Petro: el general Hugo López comanda a las Fuerzas y el general Royer Gómez es el jefe del Ejército. El ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Mora, por su parte, sí fue posesionado por el mandatario Abelardo de la Espriella.
La cartera del exoficial y el propio Ejército anunciaron el 11 de agosto que la Operación Beta, la que ejecutó el bombardeo, mató a dos “presuntos integrantes” del ELN y logró la incautación de tonelada y media de explosivos y “diverso material de guerra”, como 440 granadas. Dos búnkeres y cinco campamentos acabaron destruidos.
El primer bombardeo de De la Espriella deja heridos civiles y llamados a investigar la operación
El nuevo gobierno llegó con la promesa de atacar con más intensidad a las estructuras criminales. El expresidente Petro autorizó su primer bombardeo en julio de 2024, dos años después de llegar a la Casa de Nariño, y en su cuatrienio la fuerza pública efectuó veinticinco en total, principalmente contra las disidencias de las Farc al mando de Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’.
La Defensoría, en su más reciente Boletín de Movilidad Humana, documentó el desplazamiento forzado de 15.960 personas en Colombia entre enero y junio, con Norte de Santander siendo el departamento más golpeado: 3.854 personas tuvieron que abandonar sus hogares. La entidad humanitaria lanzó varias recomendaciones.
Al Ministerio de Defensa, la Defensoría le solicitó adoptar “las medidas necesarias” para fortalecer la protección de la población civil en los territorios más impactados por los desplazamientos y los confinamientos, como El Tarra, Ocaña, Sardinata y Tibú, precisamente en la alterada región nortesantandereana del Catatumbo.
El bombardeo de agosto involucró aviones Kfir, un modelo israelí que la administración de izquierda buscó reemplazar con los suecos Gripen, y A-29 Super Tucano. Ningún cabecilla eleno murió durante la operación. La Alcaldía de El Tarra resaltó la “preocupación” de sus habitantes ante las detonaciones.
La oficina del alcalde Eyder Robles —que llegó al cargo con una coalición entre La Fuerza de la Paz, el partido de Roy Barreras; Colombia Renaciente y la Alianza Social Independiente, ASI— citó reportes de líderes comunitarios para subrayar que “algunas viviendas de la población civil habrían resultado afectadas”.
“Así mismo, se ha informado sobre varias personas, entre ellas líderes comunitarios y familiares de habitantes que presuntamente podrían encontrarse afectados por estos hechos, de quienes hasta el momento no se cuenta con información clara sobre su situación y paradero”, zanja la alcaldía, que llamó “a mantener la calma”.
Después del bombardeo, tropas castrenses desembarcaron en El Sinaí. En doce días, los uniformados han adoptado una especie de revitalización a partir de la estrategia de anticiparse a los golpes de los grupos ilegales, usar la inteligencia para conseguir resultados más contundentes y, en vez de negociar, atacar masivamente.
Ya el 8 de agosto, un día después de la posesión de Abelardo de la Espriella en un cantón militar y dos días antes del terremoto que aún lo mantiene a prueba, las Fuerzas Militares y el mandatario celebraron su primer resultado operacional de peso: la captura de Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias ‘Bonito’.
El nuevo gobierno acelera su ofensiva contra las estructuras armadas
El Gaula Militar, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación —que ya había logrado una orden de detención en su contra—, logró la detención de Bastidas en una zona rural de Guamal, Meta, en una operación que el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López, calificó como “contundente”.
‘Bonito’, hasta que las autoridades dieron con él, era el segundo cabecilla de los Comandos de Frontera, un grupo criminal conformado por disidencias de las Farc, bandas criminales y exparamilitares que delinque principalmente en Putumayo, la zona limítrofe del sur de Colombia con el norte de Ecuador.
Las autoridades le dan a Héctor Bastidas el alias de ‘Bonito’ o 'Boni'. Unidades del Gaula de Meta cumplieron la orden judicial de captura del hombre y lo ubicaron a unos cuarenta kilómetros de la capital metense. Nació el 13 de mayo de 1975 y llevaba unos veinte años en organizaciones armadas.
Entre sus antecedentes aparece la fundación del grupo delincuencial la Constru, en Putumayo, y su paso por la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las Farc, al mando de Luciano Marín —alias ‘Iván Márquez’— con las que el gobierno de Gustavo Petro intentó negociar en medio de la política de ‘Paz Total’.
Su influencia se extendió por Nariño y Putumayo, además de la provincia de Sucumbíos, en el norte de Ecuador. Ahora enfrentará cargos por homicidio, tentativa de homicidio, porte de armas y de municiones de uso restringido de las Fuerzas Militares, y activación de explosivos.
A propósito de explosivos, el 12 de agosto murió, en medio de una operación militar, Dubán Ramiro Castillo Cortés, jefe de explosivistas del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc de ‘Mordisco’. Había ingresado al grupo armado en 2017 y siete años después ya lideraba el componente de artefactos fulminantes.
Castillo llevaba el alias de ‘Max Max’ hasta su muerte en la vereda La Cabaña, de Jamundí, en Valle del Cauca. En la región flotaba una recompensa de hasta quinientos millones de pesos por información que condujera a su captura. Las investigaciones en su contra lo vinculaban a un atentado en la vía Panamericana en abril.
La manipulación de explosivos ha permeado las ofensivas de las estructuras ilegales y de las fuerzas del orden. En Cajibío, en Cauca, entre seiscientas y mil personas permanecen confinadas por los ataques con drones, principalmente de parte de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.
Drones, explosivos y secuestros: la nueva guerra que enfrenta la fuerza pública
Unas 550 personas, por lo menos, huyeron de veredas como Ortega, La Diana, La Isla y El Edén. El general Royer Gómez, comandante del Ejército, afirmó que la Jaime Martínez —cuyo principal cabecilla era Iván Jacobo Idrobo, alias ‘Marlon’, de quien hay versiones cruzadas sobre su muerte— se ensañó con la población civil.
El 14 de agosto, cuando aeronaves de la Fuerza Aeroespacial y la División de Asalto Aéreo del Ejército llegaron a reforzar la seguridad en la zona, el Ejército evacuó a Popayán seis civiles heridos y llevó a doce soldados heridos con esquirlas a recibir atención médica. El general Gómez advirtió sobre el peligro de los drones.
Las tropas deben hacerle frente a “enjambres” de aeronaves no tripuladas, señaló Gómez. “Tenemos sistemas de detención y de inhibición, pero un ataque masivo resta capacidad de reacción”, apuntó el general. Las estructuras ilegales reaccionan a las operaciones militares, mas la promesa del Ejecutivo es seguir adelante.
El 17 de agosto, alias ‘la Mona’, una operadora de drones en la disidencia de las Farc Frente 36, se sometió a la justicia. Soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 7 del Ejército, junto al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, hallaron veinticinco explosivos improvisados y dos drones de ataque.
La Vigésima Segunda Brigada de Selva y la Séptima Brigada, por su parte, recuperaron a una menor de edad y golpearon al Frente 39 Arcesio Niño, otra disidencia de las Farc —sin mando directo, porque las Fuerzas Militares abatieron el 31 de julio a Carlos Sánchez Meza, alias ‘Efrén’— en la vereda Puerto Siare, de Mapiripán, en Meta.
En la operación, a una semana de la posesión de De la Espriella, José Luis Martínez Jaimes fue rescatado. El empresario permaneció secuestrado desde septiembre de 2025, cuando lo abordaron en Pamplona, en Norte de Santander. Once meses después del plagio, se reencontró con su madre en el cantón militar de Apiay.
Mientras tanto, los operativos continúan para liberar a más secuestrados. El director de la Policía —el primer alto oficial del sector defensa que De la Espriella y Mora designan tras su posesión—, el general Jesús Alejandro Barrera, narró que seis policías permanecen retenidos en Norte de Santander, Cauca y Nariño.
“La institución está concentrando sus capacidades para lograr establecer el paradero de los uniformados”, expresó Barrera. Uno de los secuestrados es el patrullero Álvaro Yair Pistalá Garrido, plagiado en Policarpa desde hace veinte días. Las familias enfrentan incertidumbre mientras las autoridades encaran a los ilegales.
Entre el escepticismo de las comunidades confinadas y la urgencia de mostrar resultados tajantes, la nueva estrategia militar está en marcha. El gobierno saliente apostó por diálogos que dejaron a regiones enteras bajo el yugo de las armas; el entrante promete recuperar la soberanía a fuerza de bombardeos e inteligencia.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Cuál es la estrategia militar con la que Abelardo de la Espriella comenzó su gobierno?
El nuevo Gobierno apuesta por una ofensiva más intensa contra las estructuras armadas, basada en operaciones militares, inteligencia, golpes a los mandos y uso de la fuerza, en contraste con la política de diálogos que caracterizó buena parte de la administración de Gustavo Petro.
¿Qué ocurrió en el primer bombardeo del gobierno de Abelardo de la Espriella?
Las Fuerzas Militares bombardearon estructuras del ELN en veredas de Tibú y San Calixto, en Norte de Santander, durante la Operación Beta. El Ejército reportó dos presuntos integrantes muertos, además de explosivos, granadas, campamentos y búnkeres destruidos.
¿Qué pasó con los civiles durante el bombardeo en el Catatumbo?
Tres campesinos resultaron heridos en medio de la operación y la Defensoría del Pueblo pidió investigar quién fue responsable de las lesiones. Las verificaciones posteriores señalaron que las heridas fueron causadas por explosivos, por lo que todavía debe establecerse si estos fueron utilizados por la fuerza pública o por un grupo armado ilegal.
¿Qué otros desafíos enfrenta la nueva estrategia militar del Gobierno?
Las Fuerzas Militares enfrentan estructuras armadas que utilizan drones y explosivos para atacar a soldados y comunidades, además de situaciones de confinamiento, desplazamiento y secuestro en regiones como Catatumbo y Cauca. El Gobierno promete responder con operaciones contundentes mientras las comunidades esperan resultados y protección.
