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El excoordinador de la Sala Diamante de la Fiscalía General, Luis Carlos Gómez Góngora, condenado por su participación en las interceptaciones ilegales a los miembros del sindicato de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), presentó su solicitud formal para acogerse a los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La Sala de Definición de Situaciones jurídicas de esta justicia especial deberá definir si en efecto avala para su estudio este caso. En el análisis del caso deberá verificar si los hechos por los que fue investigado, procesado y sentenciado Gómez Góngora tienen relación con el conflicto armado.
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El pasado 17 de mayo, Gómez Góngora fue condenado a ocho años y cuatro meses de prisión después de reconocer su participación en los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y falsedad en documento público.
Esto después que el exfuncionario reconociera su responsabilidad y participación directa en los hechos materia de investigación. Sin embargo, en ese momento dejó muy en claro que no iba adelantar ningún tipo de negociación con la justicia para lograr beneficios judiciales mediante las figuras de preacuerdo o principio de oportunidad.
En ese momento aseguró que esta decisión la había tomado para proteger su vida y la integridad de los miembros de su familia quienes podrían verse amenazados por las personas que estaban detrás de estas interceptaciones ilegales.
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En la investigación se señaló que Gómez Góngora, aprovechando el cargo que tenía, habría ordenado la interceptación de llamadas de los miembros del sindicato de Avianca que adelantaban una huelga para exigir mejores condiciones laborales.
La línea del jefe de seguridad área de Acdac, por ejemplo, fue interceptada durante 30 días sin ninguna justificación. Para lograr el permiso, Gómez falsificó órdenes e ingresó su número telefónico en una investigación que se adelantaba por hechos relacionados con un caso de desplazamiento forzado.
"Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el funcionario judicial justificó las interceptaciones con información privilegiada que correspondía a otros procesos investigativos e indujo al error a los jueces de control de garantías que avalaron esos procedimientos", precisó la Fiscalía cuando detuvo al entonces coordinador de la Sala Diamante.
