Proceso del procurador Ordóñez, de la nevera al congelador

En los últimos dos meses, el proceso ha pasado por las manos de tres magistrados. Primero lo tuvo la ponente Rocío Araujo, la misma togada que pidió sacar a Ordóñez del cargo. Ella rechazó la petición del procurador de apartar del proceso a los magistrados Stella Conto y Alberto Yepes.

El argumento de Ordóñez es que los dos magistrados tienen investigaciones en la Comisión de Acusaciones, por supuestamente desconocer alterar las reglas de juego en el caso Ordóñez. Conto y Yepes se han mostrado de acuerdo en anular la elección del procurador.

Pero el 30 de junio de este año, la magistrada Araujo no solo negó la petición del jefe del organismo de control, sino que solicitó investigarlo por dilatar injustificadamente el proceso. Esto genero una airada respuesta de Ordóñez, quien señaló a Araujo de ser “arbitraria y parcializada”.

Cuando el proceso parecía avanzar, el procurador presentó otro recurso, esa vez pidiendo que se anulara la petición de investigarlo y además que se considerara de nuevo la posibilidad de apartar a los dos magistrados que se oponen a él.

El caso se fue para donde el magistrado Hugo Bastidas, quien es afín a muchos pensamientos del procurador. Bastidas se demoró dos semanas para expedir una nueva decisión. Por medio de un auto le dio la razón a Ordóñez, revocó la decisión que lo afectaba. El proceso debía pasar de nuevo a la Sala Plena del Consejo de Estado para que decidiera si los dos magistrados contrarios a Ordóñez debían ser apartados del proceso.

Pero como si fuera poco, la semana pasada se presentó otro recurso, esta vez de la parte demandante. El abogado Carlos Isaza pidió que la decisión que favoreció al procurador no sea tomada únicamente por el magistrado Hugo bastidas, planteó que debe ser analizada por todos los integrantes del Consejo de Estado en Sala Plena. El caso pasó a manos de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, quien debe resolver si esas recusaciones y nulidades merecen un estudio mayor de los 27 magistrados de la Sala Plena. Ella tiene 10 días hábiles para decidir.

El proceso cada vez más se aleja del objetivo de ser fallado. Recursos y disputas entre magistrados tienen enredado el caso Ordóñez. En agosto ni siquiera se tomará una decisión sobre nulidades.

Los magistrados se fueron para Paipa, Boyacá, a un encuentro de ‘reflexión’ sobre el proceso de paz y el papel del Consejo de Estado. A esa reunión al lado del frío lago de Paipa no asistirán todos los integrantes de la Alta Corte. Algunos consideran que no deben analizar los acuerdos y mucho menos reunirse con el jefe negociador del Gobierno, Humberto De La Calle.

Ordóñez termina el periodo en enero de 2017. Algunos magistrados aseguran que terminará su periodo. Su caso pasó de la nevera al congelador.