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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó una petición del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria con la cual buscaba tumbar a quienes son consideraros como los principales testigos en su contra, en el proceso por presuntos hechos de corrupción cuando se desempeñó como gobernador por primera vez, en el contrato de obra para la Troncal Paz en el 2005.
Se trata de a Luis Fernando Solarte, representante legal del consorcio Troncal de la Paz y Jorge Ignacio Narváez, gerente administrativo del proyecto de pavimentación de la Troncal, quienes iniciaron un principio de oportunidad con la Fiscalía para aclarar los hechos de corrupción.
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El gobernador le dijo a la Corte que no podía tener en cuenta como testigos a unas personas que están en proceso de colaboración, sin que antes él se hubiera enterado de ello, es decir, que cuestionó que “la Fiscalía no le descubrió las conversaciones que tuvo con ellos sobre los hechos objeto de investigación”.
Gaviria dijo que tenía derecho a conocer todo lo que los testigos le han dicho a la Fiscalía para no ser sorprendido en juicio y garantizar sus derechos a la defensa y al debido proceso.
Sin embargo, la Sala Plena le dijo que las peticiones de Gaviria se dieron tarde, es decir, que el gobernador debió apelar a la presentación de los testigos mucho antes de las audiencias preparatorias a juicio en su contra.
“La defensa se enteró que la Fiscalía había iniciado el trámite para la aplicación del principio de oportunidad con los señores Luis Fernando Solarte y José Ignacio Narváez, no habilita la interposición del recurso, pues para entonces ya había pasado la oportunidad para hacerlo, sin que fuese posible retrotraer la actuación”, dijo la Corte.
Lo cierto es que los testigos claves de la Fiscalía hablarían de la presunta participación de Gaviria en las irregularidades para el proceso de contratación de la Troncal Paz y los otrosíes.
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Con sus testimonios, la Fiscalía señala que podrían desenredar los hechos que rodearon la adjudicación del contrato, pactado inicialmente por 41.663 millones de pesos con dos adiciones: una de 3.995 millones y la segunda por 16.334 millones más la ampliación del plazo en 22 meses.
Para la Fiscalía, Solarte podría informar sobre las situaciones que motivaron la compra de maquinaria para las obras con recursos de los anticipos, teniendo en cuenta que los equipos eran de propiedad del consorcio.
“El testimonio de Solarte Viveros permitirá verificar la incidencia del acusado y de otros servidores públicos en las decisiones adoptadas con relación a los hechos precitados”, se indica en el documento consultado por este medio.
Por esas irregularidades, Gaviria es investigado por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros.
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