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Desde que la Jurisdicción Especial para la Paz inició sus operaciones se han sometido más de 2.400 miembros de la fuerza pública que esperan obtener beneficios en procesos relacionados con el conflicto armado. Es por eso que fuentes al interior de las fuerzas militares han calificado de "inédita y extraña" la petición que ha hecho el teniente activo del Ejército, Juan Carlos Galvis, para retirarse en definitiva de la JEP y renunciar a sus beneficios, por supuesta falta de garantías.
Galvis se encuentra adscrito a la Quinta Brigada del Ejército en Bucaramanga y actualmente tiene un proceso por acto sexual violento y tortura psicológica por la violencia sexual que, presuntamente, se habría cometido contra las mujeres Wayúu, Irene López Pushaina y Ligia Cambar, en el marco de la llamada 'masacre de Albania', ocurrida en 2006.
Por esta masacre, en la que murieron tres hombres Wayúu -incluyendo un menor- durante un operativo judicial, fue absuelto el teniente Galvis en 2017 -por duda razonable-. Pero posterior a esa decisión, fue proferida otra medida de aseguramiento en su contra por la violencia sexual presuntamente ejercida contra las mencionadas mujeres.
Actualmente el teniente está libre por vencimiento de términos por este caso que ya está en manos de la JEP. Pero lleva 19 meses, desde el 16 de mayo de 2018, pidiéndole a los magistrados que lo saquen de esta jurisdicción y que le retiren cualquier tipo de beneficios.
¿Por qué razón? Dice el oficial que si la investigación en su contra continúa en la JEP se violentarían sus derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la defensa, pues asegura que en un eventual juicio en su contra no podría interrogar a las mujeres que se han constituido como víctimas. Y, asegura, que ellas buscarían en la JEP "venganza".
"Como es sabido las supuestas víctimas son hermanas y primas de GASPAR CAMBAR RAMIREZ, LUIS ANGEL FINCE y JAVIER PUSHAINA PUSHAINA, quienes en retaliación y venganza por la absolución obtenida; pretenden que la JEP me obligue a comparecer, en donde el procedimiento de la JEP no me garantiza mi Derecho a la DEFENSA, con las garantías procesales de la contradicción e interrogatorio a las supuestas víctimas", alegó el teniente ante la JEP.
La Sección de Revisión del Tribunal para la Paz ordenó en diciembre que se resolviera en cinco días hábiles la solicitud de retiro de la JEP de este oficial. Pero la orden no fue cumplida a tiempo, pues la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ya ha anunciado que debatirá en sala plena, el próximo 12 de enero, el eventual retiro del oficial, por considerarlo un caso sensible por la naturaleza de los hechos y las víctimas.
La FM conoció que la Sección de Revisión incluso 'regañó' a la Sala de Definición por haberse demorado tantos meses para tomar esta decisión que supone un problema jurídico interesante. ¿Por qué? Porque en criterio de unos magistrados y juristas la única forma en la que puede salir un militar sometido a la JEP es mediante la expulsión.
"Esta no es una justicia que deba actuar en función de las solicitudes e intereses particulares de los que a ella acuden. Recuérdese que la centralidad de nuestro trabajo son las víctimas y en esta lógica deben orientarse las actuaciones judiciales, así las víctimas no acudan presentando solicitudes. El sometimiento a esta jurisdicción de los comparecientes forzosos no es a voluntad sino por disposición de la Constitución y la Ley", advierte la magistrada Caterina Heyck en un salvamento de votos.
Si llegaran a retirar de la JEP al teniente Galvis, la próxima semana, sería el primer miembro de la fuerza pública que saldría voluntariamente de la JEP. Fuentes en la Jurisdicción y en las Fuerzas han advertido que no conocen de casos como este.
