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Por orden del Juzgado 36 Penal Municipal, el patrullero Ángel Fabián Poveda Walteros y el intendente de la Policía Nacional Faustino Alexánder Castañeda Angulo fueron cobijados con medida de aseguramiento por el delito de concusión ya que presuntamente le exigieron a un ciudadano 60 millones de pesos para no hacerlo parte de un caso de drogas en que estaría involucrado su vehículo.
Los hechos ocurrieron el 28 de julio de 2018, cuando los dos uniformados adscritos al CAI Versalles en la localidad de Fontibón se movilizaban en su moto e interceptaron a la víctima en medio de una vía pública.
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Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, luego de que los policías le solicitaran los documentos del vehículo en el que se movilizaba el ciudadano, le exigieron 60 millones de pesos manifestándole que el automotor tenía un problema y estaba vinculado en un caso por tráfico de estupefacientes.
La víctima les entregó diez millones de pesos, pero los policías al parecer le pidieron cinco millones más, y como no pudo reunirlos, los uniformados le habrían exigido que les hiciera el traspaso del vehículo.
El caso fue conocido por un fiscal de la URI de Engativá, que con apoyo del CTI logró la captura de los dos funcionarios el pasado 19 de septiembre, en la estación de Fontibón al sur occidente de la capital.
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En las audiencias concentradas realizadas ante el Juzgado 36 Penal Municipal con función de control de garantías, los uniformados no aceptaron su responsabilidad.
Por su parte, las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para que denuncien estos hechos de corrupción ante la Fiscalía para así hacer frente a estas prácticas que atentan también en contra del nombre de la institución.
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