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La solicitud se argumentó bajo una supuesta grave enfermedad que padece el líder gremial. Sin embargo, el despacho acogió los argumentos de la Fiscalía y determinó la solicitud como improcedente.
Cabe mencionar que Aguilar responde por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, uso de documento falso y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público.
El líder camionero es señalado de alterar la documentación de vehículos de carga que fueron postulados ante el Ministerio de Transporte para proceder a su desintegración de forma engañosa, y por los cuales el Gobierno pagaba entre 30 y 80 millones de pesos por cada vehículo chatarrizado.
