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Nilson Pinilla, expresidente de la Corte Constitucional, consideró que la Fiscalía General tiene toda la razón al hacerle reclamos a la Corte Constitucional.
La Fiscalía General de la Nación le reclamó a la Corte porque, al darle vía libre a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el ente acusador pierde competencias y no podría investigar y proceder sobre ciertos delitos cometidos por integrantes de las Farc. "El señor fiscal Néstor Humberto Martínez tiene toda, toda, toda la razón", aseguró el exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional Nilson Pinilla.
De acuerdo con el expresidente de la Corte, decir que el narcotráfico es un delito político "es absolutamente fuera de lugar". Además, señaló, no es el primer fiscal que reclama por la manera en que la justicia, en este caso la Corte Constitucional y la JEP, están legislando, supuestamente a favor de las Farc. Según dijo, la fiscal de la CPI Fatou Bom Bensouda ya pidió explicaciones. "La Fiscalía tiene razón y al paso que vamos, vamos a tener a la Corte Penal Internacional acá".
"Me preocupa que Colombia siga haciendo malabares sobre extradición y colaboración recíproca en la lucha contra el delito. Comparto preocupaciones del señor fiscal", agregó Pinilla, quien condenó que se haya creado la JEP. "Aquí establecimos un mecanismo de justicia distinto. eso no se puede hacer", aseguró.
"Es evidente, a las Farc les quieren dar toda clase de ventajas. Tantos otorgamientos a personas con delitos es garantía de repetición", agregó el expresidente de la Corte Constitucional, quien recordó que la JEP tiene frenada la extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, más conocido por su seudónimo Jesús Santrich.
No es la primera controversia que hay luego de que la Corte le diera vía libre a a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.
La Corte también determinó que el Congreso no tenía competencia para entrar a establecer sanciones distintas a las que están establecidas en los acuerdos de paz con relación a delitos sexuales cometidos contra menores de edad. En ese sentido, no habrá penas fuertes debido a que truncaría la verdad, es decir que la ley aprobaría penas alternativas y menos cuantía para evitar impunidad.
Las sanciones no se impondrán en relación con la naturaleza de los delitos sino con el grado del cumplimiento y compromiso con el Sistema de Verdad. Al respecto, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, dijo que ella no tiene la competencia de opinar sobre las decisiones de la Corte Constitucional.
"Me limito a lo dicho por los magistrados. No nos corresponde a los jueces opinar si estamos de acuerdo o no con una determinada decisión, sino aplicar de manera estricta la norma jurídica que corresponda aplicada a la luz de la interpretación que, para este caso, señala de manera expresa, previo al análisis correspondiente, la Corte Constitucional", aseguró la presidente de la JEP.
