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El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), se opondrá públicamente a la presentación del preacuerdo que se construyó entre la Fiscalía General de la Nación y los contratistas Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde, procesados por los hechos de corrupción que rodearon la adjudicación del contrato 1043 de 2020, firmado entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.
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Durante la misma diligencia se presentará el escrito de acusación en el que se advierte que tanto Tapia como los otros procesados, deberán responder por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal por los hechos que rodearon la entrega de un anticipo de los 70 mil millones de pesos con los que se buscaba avanzar en la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en 16 departamentos de Colombia.
En medio de la diligencia, el delegado de la Fiscalía, le anunciará al juez 40 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, el documento del preacuerdo en el que los investigados se declaran abiertamente culpables y asumen su responsabilidad.
En uno de los apartes del preacuerdo, tanto Tapia como los otros empresarios se comprometen a devolver los 70 mil millones de pesos del dinero que reconocerán se apropiaron ilícitamente y con el que debían adelantar la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en 16 departamentos del país.
Sin embargo, el abogado Iván Cancino, representante legal del MinTic, se opondrá a la presentación de dicho preacuerdo por considerar que no se puede equiparar la compra de los equipos que nunca se instalaron con la supuesta inversión que se hizo; también pedirá que se entreguen los equipos como una manera de reparar económicamente al Estado.
En ese sentido, la Procuraduría General de la Nación también pedirá que Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde, devuelvan en total 74 mil millones de pesos por ser el monto real del dinero del que se apropiaron.
Así era el proyecto
Las regiones en las que debía adelantarse ese proyecto eran Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
La investigación que adelantó la Fiscalía General en los últimos meses permitió concluir que existió falsificación de las actas y pólizas de seguros, para poder cumplir con los requisitos exigidos para participar del proceso licitatorio que adelantaba el Gobierno nacional a través del Ministerio de las TIC.
También se concluyó que el representante legal de la unión temporal Luis Fernando Duque, el vocero de la empresa Rave Agencia de Seguros, Juan José Laverde y Emilio Tapia Aldana, falsificaron dichos documentos para participar de la licitación que se llevó a cabo en el mes de julio de 2020.
Se conoció, además, que la presentación de las falsas actas y pólizas de seguros permitieron que obtuvieran el contrato por 2,1 billones de pesos y obtener el anticipo de los 70 mil millones de pesos.
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La investigación se realizó a través de expertos peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que lograron interceptar conversaciones telefónicas, chat de WhatsApp, al igual que documentos de reserva.
La Fiscalía señala que, debido a la falsificación de este tipo de documentos, los funcionarios del MinTIC se equivocaron y se afectó el objetivo de la licitación que era construir 7.277 centros educativos virtuales en 16 departamentos de Colombia.
Entre tanto, peritos del CTI adelantan el rastreo de los recursos que entregaron como anticipo en bancos del país y del exterior.
Para ello se avanza de manera articulada con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para detectar las cuentas que recibieron los dineros del anticipo entregado a la Unión Temporal Centros Poblados 2020.
