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La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, reanudará este jueves 12 de noviembre la diligencia de versión libre de la exsenadora Sandra Ramírez, como parte de las investigaciones por el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes durante el conflicto armado por parte de las antiguas FARC.
La comparecencia hace parte del macrocaso 07, uno de los procesos que adelanta el tribunal para esclarecer las prácticas de reclutamiento, utilización y otras formas de violencia contra menores de edad en el marco de la confrontación armada.
De acuerdo con la información oficial, la nueva citación busca continuar con los interrogantes sobre las dinámicas de incorporación de niños y niñas a las filas guerrilleras, las prácticas que se habrían desarrollado dentro de esa organización y las responsabilidades de quienes integraban su estructura de mando.
Pero esta diligencia también está precedida por una controversia alrededor de las condiciones en las que Sandra Ramírez debe comparecer ante la justicia transicional.
Audiencia reservada y garantías de seguridad
El pasado miércoles 4 de noviembre, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP realizó una sesión virtual y reservada con la exintegrante del último secretariado de las FARC.
La decisión estuvo antecedida por un debate jurídico sobre las condiciones de seguridad de la compareciente. Su defensa solicitó medidas especiales, argumentando que existían informes de riesgo extremo emitidos por la Unidad Nacional de Protección, UNP.
Sin embargo, la modalidad reservada generó reparos por parte de las representaciones de las víctimas, que insistieron en la necesidad de que las diligencias fueran públicas y presenciales.
Su argumento está relacionado con el principio de centralidad de las víctimas, uno de los pilares de la justicia transicional, que busca garantizar que las personas afectadas por el conflicto armado tengan una participación efectiva en los procesos de esclarecimiento de la verdad.
Pese a esas solicitudes, la magistratura determinó mantener temporalmente la reserva de la diligencia, con el propósito de garantizar las condiciones necesarias para desarrollar los cuestionamientos a la compareciente.
De esta manera, la nueva jornada se produce en medio de las diferencias sobre cómo garantizar, al mismo tiempo, la seguridad de quienes comparecen y los derechos de las víctimas a conocer la verdad y participar en las actuaciones judiciales.
Los interrogantes sobre las prácticas dentro de las FARC
Uno de los asuntos centrales que deberá abordar Sandra Ramírez tiene que ver con las dinámicas de reclutamiento y utilización de menores de edad dentro de la antigua guerrilla.
Pero los cuestionamientos de la JEP también apuntan a otras prácticas que habrían ocurrido dentro de las filas, particularmente las relacionadas con la violencia reproductiva y sexual contra las mujeres.
Entre los temas sobre los que se espera obtener respuestas están las denuncias sobre la existencia de abortos forzados y el uso de métodos anticonceptivos dentro de la organización.
La magistratura también busca esclarecer cómo funcionaban esas prácticas, si respondían a directrices internas y quiénes tenían conocimiento o responsabilidad dentro de la cadena de mando.
Este punto resulta especialmente relevante para establecer si existieron políticas o instrucciones dentro de la estructura guerrillera y determinar las responsabilidades individuales de quienes tuvieron capacidad de decisión.
La JEP busca establecer no solamente qué ocurrió con los menores de edad reclutados, sino también cuáles fueron las condiciones en las que permanecieron dentro de las filas, las vulneraciones que pudieron sufrir y las responsabilidades de los antiguos integrantes de la organización.
La verdad y los derechos de las víctimas
La continuación de la versión libre de Sandra Ramírez será seguida de cerca por las organizaciones de víctimas, que esperan que sus declaraciones permitan avanzar en el esclarecimiento de hechos que durante años han sido denunciados por quienes padecieron el reclutamiento y otras formas de violencia en el conflicto armado.
El desafío para la jurisdicción es lograr que las comparecencias se traduzcan en aportes concretos a la verdad, permitan contrastar las versiones entregadas y contribuyan a establecer las responsabilidades correspondientes.
Por ahora, la diligencia de este jueves se convierte en un nuevo capítulo de las investigaciones del macrocaso 07, en el que la JEP busca esclarecer uno de los fenómenos más graves del conflicto armado colombiano: el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de las antiguas FARC.
