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La Corte Constitucional lanzó una nueva advertencia al Congreso de la República por la falta de una regulación penal específica para castigar la difusión de fotografías y videos íntimos sin consentimiento.
De acuerdo con el alto tribunal, Colombia tiene un vacío de punibilidad frente a esta conducta y pidió que, durante la siguiente legislatura, el Legislativo se pronuncie sobre las consecuencias penales para quienes obtengan, compartan o divulguen este tipo de contenidos sin autorización de sus titulares.
Este pronunciamiento se produjo al resolver una acción de tutela presentada por una mujer identificada como Ángela, quien denunció que su expareja sentimental, Esteban, y la actual compañera de este, Milena, accedieron a material audiovisual íntimo que ella mantenía en sus dispositivos y archivos privados.
El origen de la denuncia
Según explicó la accionante, ella desarrolla una actividad económica lícita mediante la producción de contenido para adultos en plataformas digitales. Sin embargo, mantenía esa actividad bajo reserva frente a su entorno familiar, particularmente para proteger a su hija menor de edad.
Según la información oficial situación cambió cuando su expareja habría ingresado sin autorización a sus dispositivos y archivos privados, obtuvo los videos íntimos y posteriormente se los entregó a Milena.
De acuerdo con la denuncia, ambos utilizaron ese material para amenazarla con divulgarlo, por lo que Ángela acudió a la justicia para solicitar la protección de sus derechos y los de su hija.
Al estudiar el caso, la Sala Segunda de Revisión, integrada por los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Juan Carlos Cortés González y Carlos Camargo Assis, quien la presidió, concluyó que Esteban y Milena vulneraron los derechos fundamentales de la mujer y de la menor de edad.
La Corte encontró afectaciones a la intimidad, el buen nombre, la propia imagen y el derecho a vivir libres de violencia. También advirtió que se comprometió el interés superior de la niña.
El consentimiento tiene límites
Uno de los puntos centrales de la decisión es que producir o publicar contenido para adultos en una plataforma especializada no significa renunciar a la intimidad ni autorizar que terceros puedan acceder, guardar o utilizar ese material para cualquier propósito.
La Corte explicó que el consentimiento debe ser claro, inequívoco, específico, permanente y, además, revocable.
Esto significa que una persona puede autorizar la exhibición de imágenes o videos en una plataforma determinada, pero esa autorización no habilita a otras personas para obtenerlos de manera clandestina, conservarlos, entregarlos a terceros o amenazar con divulgarlos.
El tribunal también precisó que el consentimiento debe analizarse en cada etapa: desde la obtención del material hasta su tenencia, entrega y eventual difusión.
En este caso, la amenaza se concretó no solamente con el acceso no autorizado de Esteban a los archivos, sino también con la posesión de los videos por parte de Milena y la posibilidad de divulgarlos.
La Corte advirtió que no era suficiente que Milena manifestara que no tenía intención de publicar el contenido, pues tampoco acreditó que hubiera eliminado los archivos ni negó que los conservara.
Órdenes y llamado al Congreso
Por esa razón, el alto tribunal ordenó a Esteban y Milena eliminar definitivamente todos los videos, fotografías y contenidos íntimos de Ángela que tengan almacenados en celulares, computadores, dispositivos físicos, correos electrónicos, servicios de mensajería, nubes o cualquier otro sistema de almacenamiento.
Sumado a eso, también les prohibió difundir, publicar, reproducir, comercializar, entregar o mostrar ese material a terceras personas, por cualquier medio.
Pero la decisión va más allá de la protección de esta mujer. La Corte advirtió que actualmente no existe en Colombia un tipo penal que establezca directamente las consecuencias jurídicas de la difusión no consentida de contenidos íntimos.
Por eso, reiteró el exhorto que ya había formulado en la Sentencia T-184 de 2026 y pidió al Congreso que regule penalmente estas conductas durante la siguiente legislatura.
En ese mismo sentido, consideró que los hechos atribuidos a los accionados podrían eventualmente enmarcarse en los delitos de extorsión o constreñimiento ilegal, razón por la cual compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las actuaciones correspondientes.
Por último, se ordenó a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones elaborar una guía digital para prevenir la difusión no consentida de contenidos íntimos.
La decisión deja un mensaje central: que una persona produzca contenido íntimo, incluso con fines comerciales, no significa que pierda el derecho a decidir quién puede acceder a él y para qué puede utilizarlo.
