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En segunda instancia el juez 21 de Conocimiento de Bogotá confirmó la prórroga de la medida de aseguramiento en contra del exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez por ‘el cartel de la toga’, que se había decretado el pasado mes de septiembre.
El funcionario, dentro de su decisión, adicionó unos días por las maniobras dilatorias de su defensa, según informó la Fiscalía.
En ese sentido, el expresidente de la Corte Suprema de justicia seguirá privado de la libertad hasta septiembre de 2019, en la cárcel La Picota de Bogotá.
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Durante la audiencia de solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento, Álvaro Luna Cote, abogado de Ricaurte, manifestó que su cliente había cumplido a cabalidad con los requerimientos que le ha hecho la justicia, y que debía contar con medidas alternativas como la prisión domiciliaria.
Sin embargo, el ente investigador señaló a Ricaurte de haber recibido millonarios sobornos para manipular, archivar y dilatar investigaciones que adelantaba la Corte Suprema de Justicia en contra de aforados constitucionales.
El pasado 17 de septiembre, la jueza 38 de control garantías de Bogotá había prorrogado la medida de aseguramiento en contra Ricaurte Gómez.
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El fiscal del caso insistió en la conveniencia de que el exmagistrado siguiera privado de la libertad con el fin de salvaguardar el proceso y evitar que se afectaran las pruebas recolectadas por este caso de corrupción.
Por su parte, Luna Cote dijo que su cliente no iba a obstruir a la justicia.
Según el abogado, su defendido no puede comunicarse con los demás vinculados al proceso porque la mayoría se encuentran extraditados en Estados Unidos, como el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Pinilla.
Ricaurte le habría dado órdenes directas a Moreno para que se reuniera con el entonces senador Álvaro Ashton con el fin de concretar la entrega de 1.200 millones de pesos. Esto con el fin de archivar el proceso que cursaba en la Corte Suprema.
El exmagistrado es procesado por los delitos de cohecho, concierto para delinquir, tráfico de influencias y utilización indebida de información privilegiada.
