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Las denuncias de los medios de comunicación sobre las obras retrasadas y los incumplimientos en el Sena hicieron que las autoridades tuvieran que dirigir su atención a lo que ocurría en la entidad pública más grande del país con acceso a educación técnica y superior durante 2018 y 2019. Varias obras detenidas en todo el país fueron denunciadas por la emisora La W.
Sin embargo, la investigación de la Fiscalía inició puntualmente por las denuncias de la exdirectora de la entidad, María Andrea Nieto.
Nieto denunció 45 contratos por supuestas irregularidades que iban desde retrasos en la ejecución; interventores que eran los mismos funcionarios del Sena; vigencias futuras que no habían sido apropiadas y anticipos a los contratistas de los que estos últimos se quejaban consecuentemente.
La Fiscalía encontró que la denuncia de Nieto fue general y no detallada. De hecho, el documento al final de la exposición de argumentos le hace un llamado de atención a Nieto porque considera que la exdirectora hizo una denuncia con el ánimo de que la Fiscalía realizara una auditoría completa a la administración de su antecesor. La fiscal delegada le hace saber a Nieto que el ente acusador está para investigar denuncias sobre delitos penales que deben ser suficientemente sustentadas, lo que en su opinión no ocurrió para este caso.
"La denuncia presentada contra el doctor Alfonso Prada, no precisa una conducta en particular, se remite a cuestionar su gestión como director general del Sena en ejercicio de la función contractual", dice el documento.
Todos los delitos que la fiscal investigó para tipificar las conductas denunciadas fueron archivados porque no se encontró mérito para ninguna acusación. Para entender el caso hay que tener en cuenta las fechas. Alfonso Prada fue director del Sena desde el 20 de agosto de 2014 hasta el 23 de marzo de 2017.
Luego de su salida para asumir un alto cargo en la Casa de Nariño, María Andrea Nieto fue designada directora encargada hasta que se posesionó en firme el 05 de mayo de 2017. Aunque la Fiscalía ordenó compulsar copias para investigar contratos que fueron denunciados por la propia Nieto y que fueron firmados en su administración, esto se hizo únicamente porque la persona objeto de la indagación por la denuncia era solo el exdirector Prada.
Los contratos denunciados por Nieto que la Fiscalía pide investigar son del 07 de abril, mientras Nieto estaba encargada y solo 15 días después de la salida de Prada del Sena, y otros más el 11 y 19 de julio y el 22 de agosto de 2017, semanas después de tomada posesión por parte de Nieto. Todos esos contratos fueron estructurados, con estudios realizados, y presupuesto definido bajo la administración de Prada. De hecho, varios de ellos fueron firmados por directores de oficinas del Sena de la administración Prada que la propia Nieto denunció.
No es cierto que haya hasta ahora una sospecha sobre Nieto por la firma de esos contratos bajo su administración porque todos para empezar fueron estructurados en la administración anterior. En la historia juega un papel importante el nombre de Piedad Jiménez Montoya.
Jiménez fue la directora administrativa y financiera mientras que Prada fue director del Sena. Aunque la Procuraduría la destituyó e inhabilitó por uno de los contratos firmados en el Sena, ganó en segunda instancia y quedó absuelta de los cargos disciplinarios. Uno de los argumentos de la fiscal delegada para archivar la indagación contra Prada, es que él no firmó los contratos, sino que lo hicieron las oficinas delegadas. Jiménez aparece firmando la mayoría de los 40 contratos denunciados.
Otro de los argumentos para decidir el archivo es que, para el momento de las denuncias, los contratos se encontraban en fase de ejecución y no se podían determinar responsabilidades sin que hubiese una liquidación o un paz y salvo con los contratistas.
En el documento de 74 páginas queda claro que otro de los hechos clave de las denuncias no tenía profundidad jurídica. El sindicato denunció una posible irregularidad por un contrato interadministrativo entre el Sena, mientras Prada era director, y la empresa pública de correos 472, mientras Adriana Barragán, pareja de Prada, era directora.
La Fiscalía encontró que para la fecha del contrato no había un vínculo marital entre ambos y que, además, la ley mantiene una excepción para inhabilidades e incompatibilidades cuando se trata de contratos interadministrativos que no benefician a ninguna persona natural específica. Se trataba de un contrato interadministrativo entre dos entidades del Estado.
Aunque la Fiscalía no encontró razones para avanzar con la acusación de delitos, sí hay explicaciones que parecen razonables jurídicamente pero no en la realidad. Una denuncia puntual se realizó por un contrato para la construcción de un edificio del Sena que tenía retrasos y dificultades con los estudios. Los responsables, interrogados por la fiscal, afirmaron que los problemas se presentaron en el desarrollo de las obras y tuvieron que ordenar nuevos estudios que retrasaron normalmente la ejecución.
Sin embargo, luego de cuatro años desde que se presentó la denuncia, el edificio sigue en construcción y no ha sido entregado.
Por ejemplo, para uno de los contratos denunciados en Buenaventura en 2015, la Fiscalía justificó el incumplimiento en cambios de diseños del contratista porque "se encontró una afectación por un tubo de 36 pulgadas que recogía aparentemente aguas lluvias de la vía y la descargaba en el predio donde se estaban realizando las obras. La identificación de ese tubo no fue posible en la etapa previa de diseños".
Para otro caso puntual en Yopal, la Fiscalía encontró que se tuvo que hacer "una variación en los ítems no previstos por mayores cantidades de obra". Y para otro contrato con problemas en Fusagasugá la justificación validada por la Fiscalía fue que el municipio tenía un proyecto de servicios públicos de alcantarillado que se iba a desarrollar frente a la obra, pero por un cambio después se tuvo que aumentar las áreas comunes del proyecto.
En resumen, la orden de la fiscal delegada contiene un archivo definitivo a Prada por los delitos investigados, una solicitud para investigar otros contratos, varios de ellos firmados por exfuncionarios de Prada luego de su salida del Sena, y un laberinto de argumentos jurídicos que, si bien llevan a que no se tipifiquen delitos, tampoco explican el problema de la ineficacia con los resultados en los retrasos de las obras contratadas por el Sena.
