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Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue instaurada la primera apelación con la que buscan que sea revocada la sentencia de sanción restaurativa de 8 años impuesta a los siete exjefes del último secretariado de las Farc por los miles de secuestros cometidos durante el conflicto armado.
Este recurso judicial fue presentado por el abogado Juan Camilo Cifuentes, en representación de varios de los familiares de los diputados del Valle del Cauca quienes, fueron secuestrados y asesinados en medio del cautiverio.
“Desde la Fundación Defensa de Inocentes el día de hoy radicamos apelación en contra de la sentencia que condenó a los siete exintegrantes del Secretariado de las Farc. Esa sentencia por parte de la JEP no cumple con los estándares mínimos consagrados en el Acuerdo de Paz, esencialmente viola el punto número cinco que tiene que ver con las víctimas y además no cumple con los estándares internacionales consagrados y que ha establecido la Corte Penal Internacional”, indicó el jurista.
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Así mismo, sostuvo que “en virtud de ello, solicitamos la revocatoria de la sentencia y que se emite un fallo acorde a estos parámetros”.
El abogado Cifuentes hizo un llamado a todas las víctimas y organizaciones de afectados por los crímenes y otras violaciones a los derechos humanos a unirse para acudir de manera conjunta ante la Corte Penal Internacional con el fin de encontrar una verdad plena, detallada e exhaustiva, justicia y no repetición.
El jurista señaló que la sentencia, si bien reconoce la responsabilidad de los miembros del último Secretariado de las Farc por crímenes como toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y tratos inhumanos, incurre en graves deficiencias que la hacen incompatible con los estándares internacionales de justicia restaurativa y con los compromisos asumidos en el Acuerdo Final de Paz.
“Estas deficiencias afectan directamente los derechos de las víctimas, en particular la de los familiares de los diputados del Valle que representa la Fundación Defensa de Inocentes, cuyo caso ilustra el patrón de macrocriminalidad descrito en la sentencia (…) pero no recibe un tratamiento restaurativo adecuado”, indica el escrito de apelación.
De acuerdo con estos alegatos se plantea que la justicia restaurativa, como principio rector de la justicia transicional, se fundamenta en la reparación del daño causado a las víctimas, la reconciliación social y la prevención de la repetición, más allá de la mera sanción punitiva.
También se advierte que fue insuficiente la participación de las víctimas en el diseño de sanciones restaurativas. “Por ejemplo, solicitamos medidas simbólicas como un monumento específico en Cali para honrar a los diputados, y acciones concretas de búsqueda de verdad sobre el secuestro y asesinato de los del valle que la sentencia atribuye vagamente a políticas de intercambio en la decisión, pero estas no se integran plenamente. Esto viola el principio, según el cual las víctimas deben codiseñar las medidas”.
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Igualmente, se señala que las sanciones propias impuestas por la JEP fueron insuficientes y no proporcionales al grave daño causado a las víctimas cuyos casos documentados ascendieron a los 21.396.
Además, se enfatiza en este recurso de apelación que hay falta de garantías de no repetición con base en como se estructuro esta sentencia.
