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El Consejo de Estado le hizo un llamado al presidente de la República, Juan Manuel Santos, para que se adopte, con carácter urgente, un plan de acción con miras a proteger la vida de quienes se consagran a la promoción y defensa de los derechos humanos, como parte de la implementación del Acuerdo de Paz suscrito con las Farc.
El pronunciamiento fue hecho en una sentencia de la Sección Tercera de ese alto tribunal, en la cual se manifiesta preocupación por los 59 líderes sociales que fueron asesinados durante el 2016; 44 fueron víctimas de atentados y 210 fueron amenazados (69 de manera colectiva), según el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Frente a ese panorama, el Consejo de Estado también exhortó al Director de la Unidad Nacional de Protección para que se adopten medidas especiales de prevención y protección de la seguridad de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
La sentencia a la que se hace referencia, condenó al Ministerio de Defensa, a la Policía y al Ejército Nacional, por las heridas que sufrió un dirigente social durante un atentado contra su vida el 10 de octubre de 1999, además del desplazamiento forzado al que fue sometido por grupos paramilitares al margen de la ley.
Los hechos ocurrieron en el municipio de San Pablo, Bolívar, cuando esta persona fue víctima de múltiples heridas con arma corto punzante, por lo que debió ser llevada al hospital San Rafael de Barrancabermeja, donde posteriormente se recuperó.
En su momento, el personero del municipio de San Pablo señaló que dicho atentado contra la vida de este defensor de derechos humanos había ocurrido por motivos de índole ideológico y político.
En primera instancia el Tribunal Administrativo de Bolívar negó la demanda argumentando que la víctima no había solicitado protección de las autoridades competentes por amenazas contra su vida.
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